Guatemala se encuentra en el puesto 117 de 146 países evaluados por el Índice Global de Equidad 2023 del Foro Económico Mundial, básicamente a causa de rezagos en el acceso a la educación para las niñas, en las limitaciones de acceso político a las ciudadanas y a la insuficiente representación de este grupo de población. Las guatemaltecas constituyen el 51% de la población del país y si bien ha aumentado la cobertura educativa y el número de estudiantes universitarias, así como de profesionales graduadas, su presencia en el Congreso de la República ronda apenas el 20%.

Existe una polémica constante acerca de la conveniencia o no de establecer cuotas de participación política, sobre todo porque esto a su vez implicaría tácitamente la posibilidad de imponer condicionamientos numéricos con base en otros criterios como nivel educativo, etnicidad, profesión y religión que a su vez podrían tornarse en nuevas formas de exclusión. Ahora bien, esto en manera alguna niega la imperiosa necesidad de una mayor participación de mujeres en la política partidaria para acceder a cargos de servicio público. Si la representación legislativa parece reducida, la proporción de alcaldesas es de apenas 3.5%. De 340 municipalidades electas en junio de 2023, solo 12 serán dirigidas por mujeres: dos más que en las elecciones de 2019.

Partidos políticos y aspirantes en sucesivas campañas apelan al voto femenino, pero no siempre los discursos coinciden con las acciones, principiando por los mecanismos para la nominación de candidatos. Lamentablemente suelen pesar más los recursos financieros, los caudillismos y hasta los nepotismos, por encima de capacidades de gestión y liderazgo comunitario demostrados por madres de familia, artesanas o emprendedoras locales.

Cabe acotar que tales exclusiones de tinte machista no solo se dan en el ámbito partidario, sino también en otras agrupaciones. Basta citar como ejemplo la organización sindical magisterial, en cuyo liderazgo no se ha visto a una mujer, pese a que las docentes de primaria constituyen más del 80%. Ello quiere decir que no hay un mecanismo real de representatividad o, peor aún, que existen a lo interno prejuicios y exclusiones mentales: todo un desafío de cara a una mayor innovación de criterios en el sector que forma ciudadanos.

En efecto, la permanencia en las aulas y la calidad educativa tienen un gran peso a la hora de cultivar a la ciudadanía del futuro: hombres y mujeres con mayor conciencia de equidad de valor, derechos y obligaciones. Exclusiones atribuidas a resabios culturales caducos no se pueden admitir en una sociedad que aspire a un mayor desarrollo y a una meritocracia. La excelencia de servicio es una aspiración de hombres y mujeres: pero es la misma comunidad gremial, partidista, municipal, distrital o nacional la que debe contar con eficaces espacios para definir liderazgos.

Guatemala pasó 125 años de vida independiente sin que las mujeres pudieran votar o postularse a cargos. La lucha para lograr esa representatividad ha sido difícil. La mujer guatemalteca tiene un inmenso potencial de crecimiento y una enorme capacidad de manejo administrativo, habilidades y sensibilidades que pueden mejorar la gestión gubernamental. Por segunda vez el país tendrá una vicepresidenta que deberá demostrar la valía de planes por resultados. Ya antes hubo una, pero sus acciones fueron decepcionantes, no por ser mujer, sino porque se dejó conducir por derroteros oscuros de la condición humana. Y lo mismo pesará, a destajo, para todos los integrantes del nuevo Congreso.