Estados Unidos
EDITORIAL
El uniforme del deber
El deber de combatir toda ilegalidad es uniforme para todo ciudadano.
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A inicios del 2018 ocurrió una de las más torpes decisiones en materia de seguridad pública, que tuvo un alto costo de oportunidad y tomó años reparar: el descabezamiento de la cúpula policial en el período de Jimmy Morales, que el entonces ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, justificó como una “oxigenación”. En realidad, era un sofocamiento, a lo cual se sumaron las órdenes subsiguientes para reprimir a la población, con el correspondiente desgaste a la institución policial, que ya en el 2018 había logrado reducir la tasa de muertes violentas.
Los desafíos criminales eran formidables y son como una hidra a la cual parecen nacerle dos cabezas al cortarle una: ambiciones ilícitas, trasiegos, exacciones, violencia mortífera ejercida para infundir terror. Sean pandilleros o imitadores, bandas de narco, secuestro, asalto o contrabando. A tales gavillas no les importan las leyes ni la vida de la ciudadanía. Lo más abyecto es cuando hay conectes con autoridades locales, funcionarios o politiqueros que dicen una cosa en las tarimas y hacen otra en recónditos corros.
En esa borrasca de desmanes delictivos, persiste la misión de cada agente y unidad de Policía Nacional Civil: proteger a la ciudadanía honrada que, con esfuerzo y decencia, gana el sustento diario en ciudad y campo. Es una misión asumida voluntariamente, a menudo por precariedades laborales, pero con un juramento proferido en una ceremonia de graduación en cuyo cumplimiento va la vida misma de familias, comunidades y hasta de la institucionalidad. Por eso fue tan deleznable y lesivo el despropósito anotado al inicio. En un país sin memoria, es vital recordar tan dañosas tretas.
El 1 de febrero último falleció el agente Sergio Iván García Hernández: el undécimo policía que fue blanco mortal de los arteros ataques perpetrados en obvia coordinación por pandilleros del Barrio 18, una operación cuya telaraña de sucios nexos todavía está pendiente de salir a luz. Y no es metáfora, porque esas conexiones y tráficos de favores se mueven entre sombras y mañas. Sergio tenía 33 años, era originario de Guazacapán, Santa Rosa, y tenía una hija de 4 años. Egresó de la Academia de la PNC en el 2019.
Hasta el día de la barbarie de marras, estuvo activo por seis años, 10 meses y tres días en varias unidades, incluidas la fuerza antidrogas, protección de personas y en comisarías. De poco consuelo puede ser recibir una bandera doblada para las madres, cónyuges o hijos de los agentes fallecidos en esa mañana infausta y en otros operativos contra criminales. Quizá la memoria de su heroísmo sea un leve alivio ante una historia truncada.
La valoración ciudadana es parte del apoyo moral a los agentes. La valoración del esfuerzo a través de palabras de ánimo es una vía cotidiana, pero también la confianza de presentar denuncias certeras de hechos delictivos través de los mecanismos anónimos disponibles en línea y centros de llamadas. Tales recursos se vieron desacreditados por décadas de delación y represión de gobiernos intolerantes. Las conductas policiales indignas también deben señalarse, pero hay una mayoría de agentes honrando la placa. A la larga, cuando la delincuencia asedia, solo hay una entidad a la cual recurrir, aunque el deber de combatir toda ilegalidad es uniforme para todo ciudadano.
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