Ningún tipo de displicencia, precipitación o secretismo debe tolerarse en el proceso de nominación y elección de los magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad para el período 2021-2026, en el cual hay numerosos sectores legítimamente interesados, con posibilidad de expresar objeciones a comprobar, denunciar potenciales conflictos de interés y señalar posibles traspiés en la carrera de los postulados.

En diversos foros y espacios se ha discutido acerca del papel que el máximo tribunal tiene en el ordenamiento jurídico de Guatemala. Su carácter último e inapelable, así como su calidad de tribunal extraordinario de amparo, han creado una confluencia de casos variopintos, en materia penal, mercantil, civil e incluso electoral, debido a que invocan garantías constitucionales para tratar de cambiar un fallo emitido y confirmado en otras instancias.

Como suele suceder en todo alto tribunal de cualquier país, los fallos no siempre dejan convencidas a las partes involucradas, sobre todo a aquella que se lleva una sanción, un castigo o una medida desfavorable. Es cuando vienen los elogios y las críticas, los ataques o los encomios, las expresiones de respeto o los vituperios hacia los magistrados, según su decisión en cada caso. Existen sentencias históricas que han dejado fuera o permitido participar a determinadas personas en contiendas electorales a causa de prohibiciones constitucionales. Tales decisiones generan largas discusiones, pero igual han tenido que cumplirse en nombre del ordenamiento jurídico y la institucionalidad democrática.

Es precisamente ese impacto en múltiples áreas del devenir nacional el motivo por el cual la actual elección de magistrados de la CC debe enmarcarse en la más absoluta legalidad, pero no solo como aplicación de letra muerta, sino atendiendo al espíritu de la ley que diseñó el método de integración. Es obvio que se pretendía una composición plural, diversa, representativa, con el propósito de evitar cualquier tipo de cooptación o mediatización de la Corte hacia ulteriores intereses.

El surgimiento de subrepticios operadores, negociantes de influencias y la posible infiltración de mafias en determinados sectores políticos constituyen motivos de sobra para exigir perfiles de probidad, integridad y recta conducta profesional en todas aquellas personas que se postulan al cargo de magistrados de manera libre y voluntaria. Este detalle del carácter voluntario es importante, porque al ser una decisión personal la aspiración a un cargo de tanta trascendencia, es claro que se acepta el escrutinio público sin esconderse detrás de pretextos legalistas.

En el proceso de elección que se lleva a cabo en la Universidad de San Carlos ya se han presentado 24 objeciones en contra de aspirantes, las cuales deberán ser analizadas con sumo cuidado, tomando en cuenta su origen, su veracidad y su gravedad. La agilidad para evaluarlas no quiere decir premura. El cuidado para revisarlas no quiere decir dilación. La Usac, como casa de estudios superiores, está llamada a efectuar una elección de alta calidad. Pero lo mismo cabe esperar del Congreso, como representación de los ciudadanos; del mandatario, como representante de la unidad nacional; del Colegio de Abogados, como cuerpo profesional de servicio al estado de Derecho, y del Organismo Judicial, como el encargado de administrar la Justicia. Renunciar a recibir o analizar objeciones o rehusarse a transparentar los procesos de calificación resulta una contradicción de sus deberes.