En plena tercera década del siglo XXI, con todos los avances tecnológicos existentes y una demanda creciente de servicio, resulta en verdad absurdo que el Registro General de la Propiedad (RGP) no cuente con sedes en todos los departamentos para llevar el control legal de derechos sobre inmuebles en compra, venta y traspaso. Esto pone de manifiesto la visión centralista y macrocefálica que se ha prolongado debido a la inercia burocrática y también por conflictos de interés, que no solo se combinan sino que además se complican en detrimento de la productividad, del derecho constitucional a la propiedad y a la necesidad misma de certeza jurídica.

En marzo del 2021 salió a la luz una inédita crisis de retraso masivo en la escrituración de adquisición de casas, apartamentos, lotes y fincas. Tal desfase en la operación del RGP llegó a representar una presa de hasta Q800 millones. El pretexto previsible y hasta cierto punto válido fue el impacto de la pandemia en la asistencia de trabajadores y el ritmo de presentación de expedientes, así como la repetición de procesos por errores notariales en la consignación de datos de los inmuebles. Se anunció, como para tantos otros propósitos críticos, la instalación de una “mesa técnica” y para finales del año la demora lucía solventada.

Sin embargo, un año después, existe de nuevo un cúmulo de propiedades vendidas que no pueden ser entregadas a sus propietarios a causa de otra presa de atraso, que alcanza ya los Q1 mil millones en transacciones. Las autoridades a cargo del RGP son las mismas, pero parecen no haber aprendido del anterior dique legal, pese a que esgrimen las mismas excusas: el efecto de la pandemia, limitación de recurso humano y errores en datos de expedientes.

En la organización del Estado existen entidades descentralizadas como el RGP, con el principio de que deberían quedar ajenas a los avatares políticos de otros poderes. Sucesivos gobernantes, incluido Alejandro Giammattei, incurren en la práctica de nombrar a allegados, como es el caso del actual director, designado en el 2020 y conspicuo integrante del partido Vamos, cuyo nombre figuró en actas de inscripción de candidatos.

Si bien la filiación política no constituye impedimento para desempeñar un cargo tan relevante como dirigir el RGP, la calidad del desempeño administrativo sí lo es. El actual atraso impacta de forma directa en la economía nacional, sobre todo en la industria de la construcción, exaltada por el propio Gobierno como una de las actividades que no se detuvo ni siquiera en la pandemia.

No todos los rezagos provienen del funcionamiento del RGP. También puede haber errores en la inscripción de propiedades debido a fallos notariales, imprecisiones de propietarios e incluso intentos de despojo de bienes, por lo cual es comprensible que exista un filtro institucional que exija las enmiendas correspondientes. Sin embargo, muchos de los bienes varados en el actual limbo legal del RGP son propiedades verticales —apartamentos— y casas nuevas, cuya papelería es trabajada en serie por experimentados bufetes legales. Los organismos Ejecutivo y Legislativo han usado como publicidad la reciente aprobación de la Ley de interés preferencial, cuyo objetivo es facilitar la adquisición de vivienda popular, pero si ahora que aún no se implementa el RGP ya exhibe problemas, es obvio que se convertirá en un colosal embudo si no hay modernización organizacional y tecnológica auditable.