Con todo y su formulación ambigua, deliberado o no, el amparo provisional emitido por la Corte de Constitucionalidad el 13 de julio último dejó en suspenso la orden judicial que exigía la suspensión del partido Semilla y ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) proteger los resultados electorales y con ello convocar a la segunda vuelta entre los dos partidos con mayores cifras de votos válidos. La resolución incluía una anotación que permite a la Feci seguir con las pesquisas, pero de ello a la sospechosa insistencia para que el Registro de Ciudadanos, dirigido temporalmente por su subdirectora, Eleonora Castillo, suspenda a Semilla, hay mucho trecho y demasiados peligros para la democracia.

El fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana insisten en hostigar judicialmente a Castillo para obligarla a que declare la suspensión del partido mencionado, a pesar de que fue la ciudadanía la que lo colocó en segunda vuelta. Tal orden es inviable, por ilegal, debido a que contraviene la orden emanada de la Corte de Constitucionalidad, que a su vez se fundamenta en el artículo 82 de la Ley Electoral, de rango constitucional y que prohíbe cancelar a cualquier partido en período de elecciones.

El segundo allanamiento ejecutado ayer por la fiscalía de Curruchiche denota irrespeto a la Constitución y al máximo tribunal, porque desacata el espíritu del amparo otorgado. Hasta ahora todo parece indicar que tiene la aprobación de la fiscal general, Consuelo Porras, pero ello agravaría aún más el desmedro, porque pone en riesgo el proceso eleccionario y, en general, el sistema democrático representativo que el TSE está llamado a custodiar sin supeditación a ninguna otra entidad.

Es claro y enérgico el comunicado emitido por los magistrados del TSE después del segundo allanamiento en el Departamento de Recursos Humanos de la institución. Con valentía, y sobre todo con la Constitución en la mano, declaran que las acciones de la Feci “no son coherentes ni congruentes; por el contrario, provocan un ambiente adverso a la legalidad”. Así también destacan que el ordenamiento republicano del país “privilegia las urnas como fuente de legitimidad de gobernantes y representantes electos, así como la alternabilidad del poder político por medio del voto ciudadano en ejercicio de la soberanía popular”.

Es vergonzoso que a casi un mes de la primera vuelta electoral persistan los intentos de golpear el proceso de segunda ronda para definir la presidencia y vicepresidencia. Es cómplice el silencio mantenido por la gran mayoría de partidos políticos y candidatos perdedores, como si acaso la discrecionalidad exhibida no los pusiera también a ellos en peligro. Sectores ciudadanos, empresariales, académicos, eclesiásticos y la comunidad internacional en pleno han manifestado su repudio al hostigamiento legal publicitado con notoria antelación por netcenteros obtusos.

Estamos a un mes de la segunda vuelta electoral y debe ser la ciudadanía quien decida en las urnas, según los resultados oficiales, y no una camarilla de intolerantes. La Corte de Constitucionalidad está obligada a pronunciarse con claridad para cortar de tajo distorsiones y advertir desacatos, para garantizar los derechos fundamentales del ciudadano: elegir y ser electo, libertad de acción, libre expresión, legítima defensa, presunción de inocencia y protección contra cualquier abuso de poder de todo servidor público.