Estados Unidos
EDITORIAL
En el país de los reprocesos
El lavado de dinero sucio y los constantes intentos de infiltración en estamentos políticos son desafíos apremiantes.
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Al parecer, la nómina reprocesada por oficiosa orden de la Corte de Constitucionalidad —avalada con obvios votos divididos— no logró sacar a todos los aspirantes que quería sacar ni logró colocar a quien muy probablemente se pretendía incluir de última hora. Lo que sí denota mucho es la celeridad aquiescente con la cual se otorgó este preciso amparo provisional, lo cual contrasta con previos recursos en contra de la distorsionada elección de rector de la Universidad de San Carlos, pese a que en este proceso viciado pesó el mismo argumento de riesgo de incumplimiento de requisitos para un procedimiento público.
La Presidencia y la Comisión Postuladora siguieron la ley y atendieron la súbita orden de la CC, emitida el jueves en la tarde. Ayer se revisaron los punteos de aspirantes con experiencia como jueces, de acuerdo con lo indicado por magistrados. Con esto, algunos de ellos, reelectos, vuelven a la dudosa jugada de las exclusiones supuestamente fundamentadas en tecnicismos leguleyos. Porque, en un sentido estricto, si se necesita a un fiscal que sea eficaz e idóneo, sirve tanto la experiencia de un abogado litigante como la de un juez que ya conoce los intersticios del sistema, las cargas ideales de prueba y los criterios para reforzar procesos. Y por eso, el amparo de la CC tuvo no uno, sino dos votos razonados en contra.
La selección de finalistas con punteos mínimos contenía a los seis integrantes de la primera nómina. Lo más digno y coherente habría sido confirmarla. Pero hubo algunas labilidades en votos. El cambio que más llamó la atención fue el de la Universidad Rafael Landívar, pues de otras casas de estudios recientes no extraña mucho: en todo caso, a ello se debe la única variante en la nómina.
Para tan magro resultado parece bastante arriesgado el temprano desgaste de magistrados de la CC, y por ello sería del todo inconveniente cualquier otro recurso adicional. La segunda nómina debe seguir ahora su proceso: ser entregada oficialmente al presidente Bernardo Arévalo para que evalúe los perfiles, la experiencia, la coherencia entre cargos previos y resultados, para luego programar las entrevistas a fin de escuchar los planes de trabajo de los seis nominados.
Guatemala ha vivido un repunte de la violencia delictiva y también del asedio de grupos mafiosos vinculados al narcotráfico, el contrabando y la trata de personas. Zonas costeras y fronterizas padecen por la constante actividad de tales bandas y sus disputas de territorios o rutas de trasiego. A ello se suman las extorsiones ejercidas en buena medida desde las prisiones y también perpetradas por imitadores. El lavado de dinero sucio y los constantes intentos de infiltración en estamentos políticos son desafíos apremiantes, sobre todo en los prolegómenos de un nuevo proceso electoral: combatir esos y otros ilícitos forma parte del trabajo de quien asuma la Fiscalía General y jefatura del Ministerio Público.
Quizá, y tan solo quizá, con esta designación se tenga alguna esperanza de una gestión digna que no se base en desestimar casos para reportar alguna resolución legal para los mismos; quizá se pueda esperar un desempeño que no abuse de la prisión preventiva y la dilación de casos para prolongarla en contra de periodistas o activistas sociales; tal vez se tenga una conducción que escuche a todos los sectores y que sepa diferenciar el respeto a los principios democráticos republicanos que deben regir en todas las entidades públicas. En todo caso, si la CC tuvo el arrojo de mandar a enmendar este proceso, también lo puede hacer con la rectoría de la Usac.
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