La adjudicación de contratos para generadores de energía eléctrica a partir del 2026 y el 2028 efectuada por la respectiva comisión nacional constituye un importante paso para asegurar la sostenibilidad competitiva del país y garantizar el servicio a los guatemaltecos durante los siguientes tres lustros. Es deseable que todos los procedimientos de adjudicación se enmarquen en criterios de transparencia en los procesos, capacidad para proveer el vataje asignado y un enfoque de innovación tecnológica en relación con las fuentes de dicha energía. Aunque todavía hay generadoras a partir de petróleo o carbón, es un combustible cuya disponibilidad tiende a agotarse y que genera contaminación, por lo cual se debe complementar con recursos renovables.

Prácticamente, todos los oferentes utilizan una combinación de combustible fósil con energías alternativas: solar, eólica o hidráulica. No se trata de una combinación fácil, pues cada una de esas fuentes tiene sus peculiares características de disponibilidad, continuidad y costo de instalación. Ello repercute en los precios que se dan a las compañías distribuidoras y esto, a su vez, en el costo a los consumidores, ya sean hogares, industrias o el Estado.

La demanda de energía eléctrica en Guatemala crece a un promedio de 3% por año, lo cual es evidencia no solo de un aumento de demanda de servicio en viviendas, sino también de negocios y fábricas. Este crecimiento y las tendencias energéticas mundiales obligan a un cambio en la matriz energética del país, para no depender de una o dos fuentes. De los 399 megavatios asignados, 255 proceden de fuentes renovables, lo cual implica nuevas inversiones a futuro.

Es muy importante la instalación de nuevas plantas generadoras de energía, ya con la fuerza del viento, ya con la del agua o la solar. Las hidroeléctricas constituyen hasta ahora el principal recurso para producir energía limpia asequible. Gracias a sus múltiples cuencas y a su relieve, Guatemala ha contado con ríos cuyo caudal permite tal infraestructura; sin embargo, son innegables los efectos del cambio climático, pero sobre todo de la deforestación de vastas zonas montañosas en el país, lo cual impacta en el régimen de lluvias y en la capacidad de los suelos para retener el líquido; esto, a su vez, marca el descenso del nivel de muchos ríos otrora impetuosos. Es aquí donde engarza la necesidad energética con la obligación de conservar la cobertura forestal remanente e impulsar la reforestación.

Entre los proyectos contemplados hay campos fotovoltaicos, para aprovechar el clima soleado de ciertas regiones; ya existen algunas inversiones visionarias de ese tipo. Tienen un alto costo, pero a la larga constituyen un valioso activo, sobre todo de cara al agotamiento del petróleo. Algo similar cabe decir de las hélices que ya giran turbinas productoras de electricidad en varias llanuras del centro del país. También se debe mencionar el aporte de la generación de energía por biomasa, sobre todo a partir de desechos del procesamiento industrial de caña de azúcar.

El llamado Plan de Expansión de Generación constituye un importante eslabón del futuro crecimiento económico y social del país, porque apuntala la soberanía energética, un tema del que poco se habla en el día a día, pero que constituye ese bombillo, esa computadora, ese refrigerador en una pequeña tienda o esa máquina para ampliar un taller y generar más empleos.