Editorial

Energías renovadas

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Guatemala es un país que con todo y sus vicisitudes climáticas mantiene un fuerte potencial de generación hidroeléctrica, principal fuente de la energía que se utiliza en hogares, industrias, comercios y toda clase de actividades productivas. No se puede concebir un horizonte de competitividad sin tecnología ni interconexión digital, para lo cual la electricidad es fundamental, incluso para recargar un teléfono móvil.

Contar con un 90% de cobertura de servicio eléctrico en hogares del país es un logro que debe fortalecerse con el aseguramiento de más fuentes de energía renovables, para disminuir la dependencia de combustibles fósiles y también lograr una consistente reducción en el precio de generación, a fin de botar a ciertos grupos extremistas y politiqueros demagogos el argumento del alto precio como excusa para ofrecer falsas panaceas que de tanto ser repetidas adquieren una apariencia de viabilidad que no han tenido ni tendrán jamás. Se vocifera la nacionalización de la electricidad como una solución, pero en realidad es una falacia.

Solo la certeza jurídica y estratégica para las inversiones públicas y privadas en proyectos de generación eléctrica puede asegurar que el 10% de comunidades pendientes de contar con servicio domiciliar puedan tenerlo para mejorar sus condiciones de vida. El alto costo de soluciones tradicionales de cableado debe llevar a la provisión de sistemas solares que no solo produzcan energía, sino también mejoras en la calidad de vida, algo básico para reducir la conflictividad. Quien ofrezca repartir gratis un servicio que tiene un obvio costo de producción y distribución solo puede ser un mentiroso o un ladrón. Existen subvenciones para la tarifa social que en la crisis económica actual tienen tiempo límite y cuya duración depende de los recursos estatales disponibles.

Por ello es ineludible revalorar el potencial del país para generar electricidad con fuentes naturales, el cual se ha visto bloqueado por sabotajes interesados en mantener en la oscuridad, literalmente, a las comunidades o en obtener réditos ilícitos. La reactivación de diálogos y el acompañamiento gubernamental a los proyectos de inversión deben priorizarse a corto y largo plazos, para crear un círculo virtuoso de desarrollo, con componentes de responsabilidad empresarial, supervisión de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y mesas permanentes de diálogo entre pobladores, autoridades y técnicos.

En ciertas regiones del país, los ataques contra proyectos de generación han sido perpetrados por mafias y bandas delictivas que se oponen a la mejora de condiciones de vida de los pobladores, a quienes ven como carne de cañón u objetos de manipulación electorera. Los gobiernos, a su vez, han incurrido en el error de dejar solos a los inversionistas, y a las comunidades en el desamparo, todo un caldo de cultivo para descontentos que devienen en animadversión. En el reporte especial de sostenibilidad de hoy se aborda el potencial energético del país con una perspectiva integral: utilizar el recurso hídrico debe obligar a respetar normas ambientales, protección de cuencas y conservación de la cobertura forestal, lo cual, a la vez, ayuda a reducir vulnerabilidades climáticas, mejorar costos e incluso vender excedentes, y esto último, obviamente, debe beneficiar también al usuario.