Estados Unidos
Editorial
Entre la desconfianza y la oportunidad en la CSJ
Lo correcto es que toda la postuladora sirva y responda solo al Pueblo de Guatemala y que nadie venda su alma.
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Si de todos modos iban a perder la vergüenza, demasiado se tardaron los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que se alinearon para elegir, de última hora, a la magistrada Claudia Paredes como presidenta del Organismo Judicial. Un magistrado del bloque opositor minoritario terminó traicionando a su grupo y se sumó a la mayoría, que llegó así a 10 votos. El anterior presidente en funciones, Carlos Lucero, al menos parecía perfilar una visión más ecuánime para sendos procesos en marcha: primero, la designación de dos magistrados titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad, y el desarrollo de postulación para próximo titular del Ministerio Público.
La votación para recuperar el botín de influencia se dio en la víspera de carnaval y del Miércoles de Ceniza; hasta hubo misa en el Palacio de Justicia, con todo e imposición de cruz en la frente: “Conviértete y cree… porque polvo eres y al polvo volverás”. Y no es para menos la admonición. Si bien pesan señalamientos previos contra la magistrada Paredes, son las acciones las que cuentan. Sobre su figura existen manchas que han sido discutidas en distintos sectores. Sin embargo, en un Estado de derecho, los señalamientos no sustituyen pruebas ni condenas. Será su actuar —transparente o no— el que confirme si tales cuestionamientos eran ociosos o si, por el contrario, son reales los riesgos para la institucionalidad.
La súbita solicitud de participación de la fiscal general, Consuelo Porras, para ser considerada para una segunda reelección cerró la recepción de expedientes. Cabe cuestionar si fue la repentina elección la que precipitó tal decisión, sobre todo tras la fallida aspiración a ser designada magistrada en la CC por la Usac, que eligió otros nombres.
Hablando de reelecciones, en la carrera por magistraturas constitucionales nombradas por la CSJ figuran magistrados de la CC que buscan otro período. Tal pretensión no es, por definición, ilegítima. Sin embargo, Guatemala arrastra una profunda crisis de confianza en sus instituciones y la renovación parece ser una necesidad de fortalecimiento. Permanencias prolongadas sin evaluación rigurosa y, peor aún, con nexos partidarios, alimentan la percepción de parcialidad y agenda subyacente.
La reciente misión de observación de la Organización de los Estados Americanos ha formulado recomendaciones claras y puntuales. No se trata de injerencia, sino de estándares internacionales. La OEA insiste en que cada etapa del proceso —verificación de requisitos, evaluación, entrevistas, objeciones e integración de nómina— debe regirse por procedimientos transparentes, auditables y verificables, con publicidad activa de instrumentos de medición. No basta con tener cierta cifra de años de ejercicio formal: se requiere trazabilidad y, sobre todo, coherencia. Quien ha atentado contra la democracia y el Estado de derecho puede tener mucha experiencia, pero no en lo que se necesita en una República con certeza jurídica tan necesaria para la inversión y el crecimiento económico.
Tanto para las designaciones de la CC como de fiscal general se necesitan altos estándares profesionales, legales y, sobre todo, éticos, no solo en los aspirantes, sino también en los integrantes de la comisión postuladora. El respeto a las garantías ciudadanas en la trayectoria de los aspirantes no es un requisito decorativo, es el núcleo de los cargos por elegir. ¿Cómo quiere ser recordada la presidenta Paredes? Lo correcto es que toda la postuladora sirva y responda solo al Pueblo de Guatemala y que nadie venda su alma.
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