El crecimiento desordenado, clientelar y opaco de la burocracia es uno de los mayores lastres para el Estado de Guatemala, entendido este como la organización de todos los integrantes y recursos de la Nación, cuya existencia se justifica para garantizar el cumplimiento de derechos y obligaciones ciudadanas. Desde el momento en que una persona llega a un puesto público por tráfico de influencias, cobro de favores, nepotismo o recomendaciones de diputados, la misma función del Estado se ve comprometida, con el tiempo llega a estar entorpecida y décadas después, anquilosada, justo donde nos encontramos.

Los congresistas prefieren perder el tiempo en estratagemas estériles y revanchismos fatuos en lugar de aprovechar el tiempo y reducir la enorme deuda de trabajo que dejan. Leyes de urgencia para modernizar al Gobierno, agilizar las inversiones, abrir nuevos espacios de competitividad o transparentar la aplicación de la justicia se encuentran atascadas en medio de agendas impuestas por diputados tránsfugas, empeñados en aviesos proyectos rayanos con la ilegalidad. En todo caso, la ciudadanía fue estentórea al impedir la reelección de más de cien de estos personajes, que se verán sin inmunidad la mañana del 14 de enero del 2020.

Hay servidores públicos responsables y dignos. Desafortunadamente, el legado de rémoras interesadas en medrar a costa del erario se acrecienta con cada gobierno que llega. Si se busca depurar instituciones, así sea por casos de corrupción, destitución de quienes los apadrinaron o insuficiencia de recursos para pagar sus plazas, reclaman indemnizaciones perjuiciosas con el aval de entes de justicia. El más reciente ejemplo es el laudo que obliga al Ministerio de Salud a pagar Q66.6 millones a un grupo de empleados del Hospital General por un reclamo laboral iniciado años atrás. Tal cifra bien serviría para adquirir nuevas lavadoras, mejorar equipamiento de quirófanos o de la consulta externa, pero ahora irá a los bolsillos de los favorecidos.

Los mismos gobiernos entran en contubernio con sindicatos oscuros; para ganar avenencia negocian pactos colectivos con beneficios desproporcionados, casi irrisorios, a cambio de constituirse en distractores o fuerzas de choque en momentos críticos. No hay exigencia de calidad, compromiso de profesionalización ni visión de excelencia; solo aumentos salariales negociados por políticos, pero sufragados por los contribuyentes.

Tal pesadilla de ineptocracia no solo ocurre en estratos bajos del Estado. También en puestos clave se da la piñata de puestos y compadrazgos. Se nombran embajadores que no saben nada de diplomacia, cónsules que ni siquiera hablan el idioma del lugar a donde son enviados, ministros y directores sin estudios ni experiencia, pero que rápidamente afirman contar con asesores, los cuales en muchos casos tienen el único mérito de ser los recomendados de otro funcionario.

Es curioso encontrar que el artículo 55 de la Ley de Servicio Civil vigente incluye el término “inepto” dentro de las causales para que una autoridad pueda separar a un empleado de su cargo si no cumple con sus deberes satisfactoriamente, pero tal prerrogativa se limita al período de prueba de dos meses y a no más de tres empleados durante la gestión de un director, una evidencia más de la urgencia de una nueva ley que provea de eficiencia, disciplina y calidad de trabajo a la administración pública. Las iniciativas se amontonan debido a que la meritocracia causa escozor a los intereses de sucesivos diputados. Cambiar esto debe ser una prioridad nacional.