Una omisión en el contenido de un expediente procesal presentado a un juez quizá pueda ser fortuita, accidental, producto de error, pero aún así no se puede dejar pasar por alto. Dos omisiones ya ponen en duda la capacidad del personal a cargo. Pero cuando vuelve a ocurrir una falla de esta índole las alertas se encienden de manera automática y se multiplican las preguntas sobre el origen, interés o intencionalidad subyacente. Para mejores señas, la más reciente de estas situaciones ocurrió esta semana y no en cualquier caso, sino en el más emblemático juicio por actos de corrupción contra altos exfuncionarios: La Línea.

La Unidad de Métodos Especiales (UME) del Ministerio Público no entregó completo, por segunda vez, el expediente de investigación, y por eso fue apercibida por la jueza que preside el Tribunal de Mayor Riesgo B, a cargo del juicio contra los presuntos integrantes de la red de defraudación aduanera, incluyendo al exbinomio presidencial del extinto partido Patriota.

La jueza Jeannette Valdés emplazó el 17 de agosto último a la Fiscalía para que entregue completo el expediente. En específico se refería a la ausencia del expediente 88-2014, que contiene diligencias de solicitudes, autorizaciones, prórrogas del Ministerio Público, informes de hallazgos inevitables, audios, grabaciones, escuchas telefónicas, desplegados de mensajes de texto y telefónicos; es decir, indicios recabados durante un año, entre el 29 de abril de 2014 y el 15 de abril de 2015. Tal informe servirá para corroborar y detallar la declaración de un exgerente de aduanas.

Lo preocupante es que se trata de la segunda omisión, pues ya se había pedido la documentación el 12 de agosto. “En plazo de 48 horas deben enviar completo el método especial 88-2014, de lo contrario se ordenará investigar por los delitos en que incurran”, advirtió la jueza.

Este reclamo evoca uno similar emitido por otra judicatura, el 28 de enero último, durante la audiencia en la cual se decidía si ligar a proceso al exministro de Comunicaciones José Luis Benito por fraude en la construcción del libramiento de Chimaltenango. En esa ocasión fue Silvia de León, jueza de Mayor Riesgo C, quien evidenció los agujeros indiciarios de la sindicación del MP. De León pudo identificar los faltantes porque le correspondió autorizar varias de las diligencias que no estaban incluidas en el expediente. No era una toma de postura ni una opinión previa, sino un cribado judiciario ante las evidentes carencias de la acusación.

A la fecha no se sabe qué ocurrió con la investigación interna ordenada por la fiscal general. Fue destituido y acusado el exfiscal Eduardo Pantaleón, quien había dejado la Fiscalía contra la Corrupción ocho meses antes de la audiencia. Su abogado dijo que él entregó completa la documentación. Según las actas de cadena de custodia, Pantaleón entregó el expediente a la auxiliar fiscal Melanie Pérez, quien recibió licencia de maternidad; entonces conoció el caso la auxiliar fiscal Ada Winter, todo bajo la tutela de la fiscal Leslie Pineda. Estas dos últimas presentaron la acusación con las deficiencias que tácitamente favorecían a Benito.

“Estamos fomentando la cultura de servicio con calidad”, declaró ayer la fiscal general en el Desayuno Nacional de Oración. Es preciso que esa calidad sea total en cada proceso, que existan explicaciones públicas para deficiencias como las ya descritas, pero también consecuencias que sienten precedente.