Entre la anomia y la decepción se mueven las decisiones de una aviesa legislatura que parece empecinada en aprovechar los días que le quedan para emprender toda clase de despropósitos en busca de una impunidad aparentemente legalizada, constitucionalmente improcedente, pero sobre todo éticamente inválida. Ninguna norma positiva legítima puede ampararse en excepciones antojadizas, daños mayores a los supuestos beneficios y privilegios aplicables de manera discrecional e imprevisible.

Un Congreso responsable habría asumido desde hace tres años la misión de redactar una reforma integral al sistema de justicia, pero pesaron más los intereses electoreros, el tráfico de influencias, el miedo y las obvias limitaciones intelectuales y profesionales de ciertos representantes, cuya primera gran muestra de imprudencia fue la aprobación del abyecto Pacto de Impunidad, aquel 13 de septiembre de 2017, el cual fue revocado por presión ciudadana el emblemático 15 de septiembre de hace dos años. En aquel momento aún no habían calado tan hondo las campañas de desinformación y polarización que hoy parecen tener a la población totalmente dormida ante el nuevo atropello leguleyo que amenaza a todo el aparato de justicia, ya de por sí inmerso en una grave crisis.

La sola presencia de 122 congresistas en el hemiciclo la noche del martes 12 de noviembre era sospechosa, pues tal asistencia no se ha logrado con tanta celeridad para otras causas más nobles. Si a eso se suma el talante relativista que caracteriza a la gran mayoría de tránsfugas, la aprobación de beneficios para delincuentes confesos resultaba casi una consecuencia obvia, puesto que muchos de ellos enfrentan procesos de antejuicio y en dos meses ya no tendrán inmunidad.

Por más que intentaron disfrazar la intencionalidad oculta de los cambios y por más que se improvisaron algunas excepciones para la aplicación de beneficios a confesos, las disposiciones aprobadas en la iniciativa 5603 son una afrenta contra el Estado de Derecho. Así lo han expresado notables juristas: la reforma privilegia al delincuente, abre la puerta a aplicaciones casuísticas de la norma y, peor aún, podrían ser invocadas por pandilleros y bandas del crimen organizado dedicadas al robo de carros, celulares y casas, a estafas, fraudes y otros delitos contra la seguridad pública, que podrían llegar a tener rebajas de hasta la mitad de la pena. El menudeo de droga o las exacciones contra comerciantes también podrían calificar para los beneficios, gracias al secretismo, la imprudencia y la premura con los cuales se aprobó la moción.

Ciertamente se necesita un ordenamiento jurídico para viabilizar la aceptación de cargos, pero esta debe ir acompañada de compromisos de colaboración con el Ministerio Público para brindar información sobre cómplices, estructuras y prácticas ilícitas, lo cual es un aspecto que los mismos diputados tratan de obstruir, pues ha sido la figura del colaborador eficaz la que tiene a numerosos legisladores en el avispero. La truculenta mecánica de aprobación es un primer motivo de objeción, pues constituye un vicio que puede anularla ipso jure. No obstante ya se avizoran acciones de amparo contra este manipuleo oficioso.

En todo caso, por el bien de la comunidad nacional, de la seguridad jurídica y de la integridad del corpus legal del país, el presidente de la República, Jimmy Morales, debe vetar tales reformas cuando lleguen a sus manos, puesto que, de no hacerlo, se podría convertir en cómplice de uno de los decretos más lamentables y abyectos de la historia nacional.