Ninguna excusa es válida para mantener el subdesarrollo, la mediocridad y las trabas burocráticas que detonan la corrupción en los puertos nacionales. En un mundo globalizado, las dinámicas portuarias deben facilitar el intercambio comercial, agilizar los procesos productivos y articularse tecnológicamente para transparentar el tránsito de carga. Cualquier tipo de pretexto, bloqueo o resistencia a estos objetivos suscita la sospecha de ser exacerbado por oscuras camarillas, internas o externas, interesadas en mantener trasiegos ilícitos, cobros ocultos y mecanismos de saqueo fiscal identificados hace décadas, pero que increíblemente subsisten.

La semana última, se vivió un nuevo entuerto en la historia de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), tras la súbita destitución de Byron Pineda como presidente de la entidad y la negativa de la junta directiva de aceptar a Aura Cabrera como sustituta, debido a que no contaba con el respectivo finiquito. Cabe cuestionar cómo el Ejecutivo avala un nombramiento tan relevante a sabiendas de dicha carencia. Si se desconocía la falta de tal documento, peor aún, porque no se puede encargar la entrada nacional marítima a una persona que no tenga todas las capacidades técnicas y éticas.

El 11 de enero, tres días antes de entregar el poder y tras múltiples retrasos, el presidente anterior “inauguró” el escáner de rayos X para contenedores. Asumió Pineda como cabeza de Empornac, pero quedó paralizada la entrada en funcionamiento de tal revisión. Ocho meses pasaron para que, por presión de EE. UU., se echara a andar la inspección no invasiva conectada con el Departamento de Aduanas y Fronteras de dicha potencia, y pocos días después vino el relevo que originó la pugna mencionada.

Precisamente por estas intrigas, peleas de intereses y posible infiltración de mafias, es necesario plantear una reorganización y refundación total del sistema portuario del país, como estrategia nacional de desarrollo, de seguridad, de aseguramiento de la recaudación tributaria y también como factor de competitividad.

Las orientaciones y requerimientos internacionales sobre mejora portuaria no son nuevos, pero parecen no calar en el tejido organizacional del Estado de Guatemala, obviamente porque tal modernización no conviene a quienes se han aprovechado de cargos o ascendientes para convertir estas instalaciones en feudos. Las discrecionalidades, las excepciones a dedo y los privilegios deben ser erradicados, para dar paso a los procesos automatizados, con auditoría independiente y verificación tributaria. Lo mismo aplica para las fronteras terrestres, en las cuales existen otras dinámicas adicionales, pero igualmente sistematizables.

Históricamente, uno de los grandes indicadores de la funcionalidad de un puerto se halla en el desarrollo de la ciudad en la cual se encuentra instalado. Si se piensa en urbes portuarias alrededor del mundo, vienen a la mente nombres como Hamburgo, Osaka, Shanghái, Los Ángeles, Barcelona y tantas más. Sin afán de menospreciar el potencial guatemalteco, sino por el contrario, con el mejor sentido de reclamar una estrategia económica integral, vale pensar en los poblados más cercanos a los puertos Santo Tomás de Castilla y Quetzal. Deberían ser centros urbanos con gran capacidad logística, generación de empleos, planes urbanísticos visionarios y suficiente infraestructura para ser polos de desarrollo. ¿Por qué no empezar la descentralización por ahí?