Ningún país estaba preparado para una emergencia de la dimensión inédita del covid-19, y los gobiernos emprendieron estrategias a partir de los ejemplos y enseñanzas de naciones que fueron impactadas antes por la pandemia. Hubo aciertos, como la anticipación para implementar medidas de contención y distanciamiento social, así como la instalación de hospitales específicos para atender a pacientes confirmados.

Sin embargo, a medida que transcurren las semanas se van terminando las excusas para no subsanar determinados aspectos que en principio eran requisitos pendientes, luego pasaron a necesidades críticas y, de no mejorarse los mecanismos, se pueden convertir en carencias dolosas. Pasados los 50 días bajo el estado de Calamidad, aún son recurrentes las denuncias de falta de mascarillas y equipo adecuado de protección para el personal médico y paramédico, que en algunos días llega a niveles de crisis; por ejemplo, en el centro asistencial del Parque de la Industria, con el consiguiente riesgo para este personal.

No son percepciones, sino realidades evidenciadas con cifras, pero no para atacar al Gobierno, sino llamados a garantizar el derecho a la salud, tal como lo señala el monitoreo efectuado por la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) en el portal Guatecompras, según el cual entre marzo y abril se habían adquirido solo 1.4 millones de unidades de protección para personal hospitalario, cuando la meta de compra para mayo es de 43 millones de unidades. De este número se puede desglosar, a manera de ejemplo, que de cuatro millones de batas protectoras previstas solo se han adquirido 50 mil, o de cuatro millones de máscaras especiales N95 solo se han adjudicado 73 mil unidades.

Esto se puede atribuir a una compra paulatina, a un gasto dosificado de los recursos públicos o incluso a la disponibilidad de los productos. No obstante hay enormes disparidades en los precios de los productos, lo cual evidencia una falta de uniformidad en el sistema de compras. La premura inicial detonada por la emergencia era una justificación aceptable en las primeras semanas, pero cuando ya se rozan dos meses de la misma, tal responsabilidad debería recaer en un Consejo Nacional de Salud, figura legal que integra a ministerios y dependencias para agilizar adquisiciones, ejecución de políticas y elaboración de planes sanitarios.

Existen problemas atávicos que impactan en la velocidad de ejecución, tales como determinados artículos de la Ley de Compras y Contrataciones que complican los procesos. Muchos candados obedecen a antecedentes de corrupción, pero este es el momento para generar una ley que sopese transparencia y eficacia, probidad con agilidad, como parte de una transformación del Estado para hacerlo más eficiente, moderno y funcional.

Fuera de cualquier polémica política y sin afán de crear animadversión alguna en las autoridades, es urgente auditar el modelo de gestión actual y decantarse por un Consejo Nacional de Salud, debido a la naturaleza y gravedad del desafío. Esto no implicaría desarmar lo ya implementado, pero sí tendría mejores asideros legales y técnicos. Justo ahora que se discute una reactivación escalonada de la actividad económica, es necesario garantizar la provisión de inventarios hospitalarios o de agilizar el procesamiento de pruebas. Un ejemplo final: El Laboratorio Nacional de Salud podría ser apoyado por la Universidad de San Carlos, que ofreció uno de sus laboratorios, pero hasta ahora aún no tiene el aval ministerial.