Cuando un cuerpo legal del Estado desconoce las implicaciones de alguna decisión o no quiere atenderlas por graves que sean, debido a que se mueve por intereses ajenos el bien común, suelen ocurrir desatinos como el de la iniciativa de ley 6076. Dicha propuesta pretendía reforzar el poder de agresión de la Policía Nacional Civil, el Ejército y otros cuerpos de seguridad en contra de la ciudadanía. Sus ponentes eran diputados de una bancada cuya ideología fue calificada de “narco” por EE. UU. La sala legislativa de Gobernación, encabezada por el congresista por Chiquimula Boris España, esgrimió fallidas maromas verbales para vender la idea de que se fortalecía el combate de la criminalidad: un argumento que nadie le compró, excepto el oficialismo intolerante, que intentó mantenerla en el pleno.

La presión de varios sectores, entre ellos los 48 Cantones de Totonicapán, condujo primero a un ambiguo ofrecimiento de la presidenta Shirley Rivera de retirarla para hacer una revisión de posibles inconstitucionalidades. Rivera acotó el 11 de agosto que planteaba tal ofrecimiento como diputada y no en virtud del cargo que ocupa. La iniciativa seguía latente. Trascendieron los nombres de legisladores y bancadas que se opusieron a su retiro, lo cual en año preelectoral puede acarrear consecuencias en las urnas en junio próximo. El miércoles 17 se votó de nuevo para mantenerla en discusión. No se logró el mínimo necesario: solo 66 diputados insistieron en apoyarla.

Ayer, la Junta Directiva del Congreso y la instancia de jefes de bloques anunciaron la decisión de engavetar la polémica iniciativa que ya no figura en el orden del día para la plenaria de hoy. Quizá pesó la presión o la memoria de los electores.
En todo caso, lo que debería sopesarse en toda decisión de un ente público es no solo la intencionalidad declarada sino el impacto real en la ciudadanía, debidamente mensurado y no basado en suposiciones o generalizaciones imperfectas, mucho menos en agendas de corto plazo. Por ejemplo, si pesaron las aprensiones sobre al costo político, no es esta la única aprobación que ha causado malestar por sus indicios de autoritarismo. También debe archivarse el decreto 32-2022, sobre combate a los ciberdelitos, que amenaza la libertad de expresión en medios digitales. Si ya fue enviada a la Presidencia, el clamor es porque sea vetada.

En los 14 meses que restan a la actual legislatura, ya de por sí disminuidos por la inminente campaña electoral, se debería aprovechar el tiempo para discutir con seriedad leyes como la de Servicio Civil, Infraestructura Vial o las relegadas reformas a la Ley Electoral. Es improbable que ello ocurra dados los conflictos de interés, la agenda del pacto oficialista, la poca capacidad instalada para redactar artículos de calidad sin ruidos clientelares y, sobre todo, el tiempo en contra.

Pero a veces ni siquiera un plazo perentorio ayuda a rectificar una decisión, aunque la misma implique un daño irreparable. Un ejemplo de tal indolencia es la decisión de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad —Leyla Lemus, Dina Ochoa y Héctor Pérez Aguilera— de mantener la suspensión de los estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, pese a las advertencias del Comité Olímpico Internacional, rector de las competencias internacionales de suspender toda participación guatemalteca a nivel local, centroamericano, continental y mundial. Una generación de brillantes promesas deportivas guatemaltecas en diversas disciplinas quedará fuera del ciclo olímpico gracias a una pretensión desmesurada.