El 14 de octubre del año pasado, el Ministerio Público divulgó la sentencia condenatoria en contra de un individuo que laboró en 2017 en la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia pero que para optar a dicha plaza utilizó un título falsificado de bachiller en Ciencias y Letras, supuestamente extendido por un colegio privado. El procesado admitió el delito en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, que le impuso una pena de tres años.

Ese es un precedente claro y por eso mismo resulta llamativa la lentitud en el caso de dos integrantes del Tribunal Supremo Electoral cuyos títulos de posgrado son inválidos. Las investigaciones se han dirigido hasta ahora en contra del exdecano de la facultad de Derecho de la Universidad Da Vinci Juan Carlos Rodil, quien habría firmado sin la autoridad requerida tales títulos apócrifos, que fueron incluidos en los expedientes de dos aspirantes a integrar ese órganos —de cuya comisión de postulación formó parte—. Ambos fueron electos por el Congreso para integrar el TSE.

Si bien los magistrados gozan de antejuicio, se deben considerar en esta oportunidad al menos tres elementos críticos de cara a la validez legal de esa calidad. Primero, la propia casa de estudios se sumó —para proteger su prestigio— a la denuncia de emisión fraudulenta de los títulos, que son, por lo tanto, carentes de toda validez. Segundo, debe presumirse un delito flagrante de falsedad ideológica y falsificación de documentos públicos, algo ante lo cual no aplicaría el antejuicio. Tercero, la presentación de documentos falsos invalida la candidatura y con ello el nombramiento, así como el fuero que este conlleva.

La fiscal general, quien está en el centro de la atención pública debido a decisiones recientes, que ha defendido con argumentos de corte legalista, se encuentra ante la oportunidad de dar resultados rápidos y apegados a Derecho, a través de una investigación eficaz de todos los señalados, incluyendo a los magistrados Ranulfo Rojas, quien no es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Da Vinci, y a Marco Antonio Cornejo Marroquín, quien no es magíster en Derecho Penal por la misma casa de estudios. Podrían alegar que fueron engañados en su buena fe, pero esto no les da tales grados, que son inexistentes. En todo caso, si alegan inocencia, quedan como personajes ingenuos cuya capacidad para ejercer un cargo que requiere alto espíritu crítico está en duda. Por otra parte, la misma Universidad Da Vinci señaló ayer que Rojas y Cornejo ni siquiera completaron los cursos para esos posgrados.

El escándalo por los títulos falsos debe tener implicaciones políticas y también penales, porque si se deja pasar como algo intrascendente o de segunda importancia, se estaría sentando un pésimo precedente jurídico. En todo caso, ambos magistrados deben admitir su culpa, ya sea por dolo o por engaño, y a continuación renunciar de inmediato a los cargos, por respeto a la institucionalidad del TSE.

Ya en el pasado han ocurrido incidentes de usurpación de calidades y han terminado en sentencia judicial. Cabe recordar el libro Rompiendo Paradigmas, lanzado por el expresidenciable Manuel Baldizón en 2014, que contenía plagios de textos de otros autores sin acreditación ni referencia. El entonces candidato, hoy detenido en EE. UU. por lavado de dinero, admitió las copias ilícitas, pero más importante aún fue la desconfianza masiva que generó entre la ciudadanía.