El verbo disparatar quiere decir, según el Diccionario de la Lengua, “decir o hacer algo fuera de razón y regla”, y esa sola palabra describe con elocuencia lo que han hecho seis administraciones de gobierno transcurridas desde la fundación de la Policía Nacional Civil, al descuidar permanentemente la tarea de ubicar, construir, remodelar y dar mantenimiento a la infraestructura destinada a albergar sedes de la institución. Así como la salud necesita hospitales y puestos de salud, y la Educación, escuelas de diversos grados, las fuerzas de seguridad requieren instalaciones para la administración, operación y permanencia del personal.

Nadie pensaría en un puesto de salud en un terreno alquilado, mucho menos en un instituto de secundaria, pero sí se ha prolongado por un cuarto de siglo la permanencia de delegaciones policiales en casas de alquiler. Cierto, esto puede ser una solución temporal para instalar una nueva estación policial en cabeceras municipales o comunidades rurales, pero que se sigan erogando millones de quetzales anuales por este rubro solo parece la continuación de un negocio de beneficio limitado que, por si fuera poco, no permite una inversión en mejora de las condiciones de vidas los agentes.

Apenas ayer se publicó que el Estado pagó Q56 millones en alquileres de inmuebles para uso de unidades de la PNC, muchos de los cuales no reúnen las condiciones mínimas para una operación digna. El propio director general de la Policía, David Custodio Boteo, califica esto de un “gasto innecesario” y reveló que existen ofrecimientos de inmuebles por parte de una veintena de municipalidades para que se instalen allí subcomisarías y subestaciones, lo cual implica el correspondiente proceso de cesión legal de derechos para que no se convierta en posterior problema.

Quizá el caso más paradigmático e infame de la mala gestión de infraestructura policial sea la “nueva” sede de la Comisaría 15, en Villa Nueva, la cual está por cumplir dos décadas sin ser completada, debido a impugnaciones legales, denuncias de corrupción y reparos de la Contraloría General de Cuentas. De todas esas acciones nunca se ha deducido la responsabilidad civil o penal a ninguna persona, los litigios prosiguen y la construcción continúa a medias. El exministro Gendri Reyes “inauguró” —vaya palabra— el reinicio de trabajos, pero al poco tiempo se vieron frenados por nuevas acciones legales.

Mientras tanto, los agentes que deberían hacer uso del edificio desde hace dos décadas están repartidos en locales alquilados. Casi podría afirmarse que las acciones legales buscan que la obra nunca se concluya y que siga el pago de renta indefinidamente. El actual ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien ya desempeñó el cargo hace tres lustros, debería tener antecedentes de este caso y, por ende, podría buscar las vías institucionales y legales para desentrampar la obra.

Tal como se indicó en este mismo espacio el lunes último, la seguridad democrática precisa de ser integral e íntegra. La integralidad comienza con las condiciones de trabajo digno para los agentes, la provisión de insumos imprescindibles, la constante formación de habilidades y valoración de talentos y el fortalecimiento de la carrera institucional. Pero a ello habría que agregar un plan estratégico para dotar de espacios propios a las fuerzas policiales, optimizando el diseño e incluyendo el factor tecnológico en las previsiones. Mientras ese cambio de paradigma llega persistirá el dispendio de miles de quetzales mensuales en alquileres.