El Estado no produce riqueza. Son los trabajadores, las empresas, los emprendedores, la producción de bienes y servicios los que generan los recursos con los cuales se provee el sustento de miles de familias. Por eso es de suprema importancia el uso transparente, eficaz y público del dinero aportado por los contribuyentes, así como la actualización coherente de leyes referentes a la actividad económica, para que sea competitiva, con reglas claras y libre de alambiques burocráticos o interpretaciones ambiguas.

Esta semana, el Congreso aprobó finalmente la Ley de Leasing y Contratos de Arrendamiento, la cual contribuirá al crecimiento del sector de alquileres, a la clarificación de condiciones por cumplir entre propietarios y clientes, a la resolución de conflictos y a la expansión de inversiones. Es una verdadera pena y un descomunal costo de oportunidad que el Legislativo haya tardado casi seis años en emitir esta norma, que estuvo engavetada y relegada inexplicablemente por tanto tiempo.

Los actuales diputados tuvieron casi seis meses, antes de tomar posesión de sus cargos, para conocer las grandes prioridades económicas nacionales. Así que haber aprobado esta ley después de un año de legislatura resulta tardío y aún insuficiente, porque hay normas necesarias aún pendientes. La razón por la cual no existe mayor convicción y esfuerzo por hacerlas avanzar se desconoce. Las agendas de sesiones del último año se diluyen a menudo en asuntos baladíes, puntos resolutivos intrascendentes, interpelaciones con aires dilatorios y reuniones con más finalidad propagandística que incidencia real en cambios certeros. Ni siquiera han podido elegir una nueva Corte Suprema de Justicia y hoy se cumplen 14 meses de retraso en la renovación.

Todavía está pendiente la promulgación de la ley de trabajo por tiempo parcial que permita mayor versatilidad en contratos, horarios y condiciones laborales, con total protección para el trabajador y certeza a los empleadores. Se trata de una discusión técnica que debe estar alejada de demagogias o de conflictos de interés. Lo mismo cabe decir de las normas de zonas francas y de interés preferencial para facilitar el acceso a la vivienda.

En algún sitio está engavetada la ley de infraestructura vial, que haría posibles alianzas públicoprivadas para el desarrollo de vías alternas y autopistas, tan necesarias para desfogar el tráfico de centros urbanos, agilizar el transporte y mejorar la competitividad. Esta normativa impactaría en redes clientelares de contratación de obra acostumbradas a pagos de comisiones subrepticias, deficiencias dolosas en supervisión y bloqueos al Estado para emprender reclamos legales por mala ejecución. Entre los diputados existen excontratistas, familiares y allegados de dueños de constructoras, es obvia la resistencia pasiva a transformar un sistema viciado que representa réditos contantes y sonantes que la misma población paga, al carecer de una red vial digna.

La valentía, la voluntad y el espíritu laborioso de la ciudadanía consiguen sobreponerse al impacto de la pandemia. El índice mensual de actividad económica (IMAE), del Banco de Guatemala, exhibe que diciembre del 2020 fue un mes de vigoroso crecimiento, incluso superior al del 2019, antes de la llegada del covid-19. Si así ocurre con una legislación incompleta, ¡cuánto más no avanzaría la Nación si los señores legisladores asumieran su responsabilidad y abrieran nuevas puertas, con leyes adecuadas, al potencial productivo de los guatemaltecos!