EDITORIAL

Final de año requiere atención ciudadana

A partir de este fin de semana prácticamente queda abierta la temporada comercial y festiva de fin de año, con múltiples actividades lúdicas y culturales en plazas, parques y centros comerciales, además de desfiles, convivios, campañas publicitarias, presentaciones artísticas, exhibiciones de fuegos artificiales, profusa iluminación urbana, el infaltable sabor de la gastronomía popular y el surgimiento de un ánimo social tendiente a la hermandad, solidaridad y valores familiares durante las próximas seis semanas, un tiempo durante el cual paulatinamente queda de lado la atención a la actividad política y de administración pública.

El país se encuentra, sin embargo, a merced de un centenar de diputados que no fueron reelectos, muchos de los cuales enfrentan procesos de retiro de inmunidad y que en 59 días perderán el derecho de antejuicio, por lo cual manipularon ya, esta semana, el Código Procesal Penal, para viabilizar irrisorias admisiones de delito que no solo tendrían una rebaja de la mitad de la pena, sino que además no tendrían obligación de colaborar o aportar información de redes, nexos y cómplices. Por si fuera poca la afrenta cometida el martes anterior, ya se anunció para el martes 19 una jornada similar para trastocar lo relativo a la prisión preventiva.

Es previsible que se vuelva a implementar un fuerte cordón policial para blindar el hemiciclo y bloquear cualquier protesta ciudadana, aunque en la sesión de marras resultó innecesario, pues prácticamente nadie respondió a los llamados para expresar rechazo, posiblemente porque aún no se visualizaban los dañosos alcances de los cambios efectuados de manera tosca, antitécnica y sin fundamentos jurídicos integrales.

La oficiosidad actual de los diputados contrasta con la dejadez con que actuaron el resto del año. Retrasaron por tantos meses la aprobación del préstamo Crecer Sano para combatir la desnutrición crónica, que ya no pudo comenzar a ejecutarse este año; desecharon súbitamente, con dudoso quorum y sospechosas intenciones, la primera alianza público privada con la cual se emprendería la reconstrucción y modernización de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal; se rehusaron tácitamente, a lo largo de los casi cuatro años anteriores, a plantear una nueva Ley de Servicio Civil, atender la propuesta de ley de infraestructura vial, proponer una normativa de aguas o depurar la de Compras y Contrataciones.

No sería de extrañar que al ya cercano final del último período de sesiones le sigan convocatorias a sesiones extraordinarias como un último estertor de una legislatura que, liderada por el oficialismo y sus aliados, todavía emana afinidades y efectos de los extintos partidos Patriota y Líder. La perspectiva del tiempo ha permitido observar a tránsfugas de estas organizaciones convertirse en parte de la bancada oficialista, pero a la vez presenciar cómo la Unidad Nacional de la Esperanza, supuestos opositores, se aliaron a ellos para aprobar los peligrosos cambios a la aceptación de cargos.

El civismo y los valores éticos de los ciudadanos deben mantenerse activos y atentos al devenir legislativo y gubernamental en el cierre de año. Legalmente los representantes se encuentran investidos de la potestad conferida aquel lejano 14 de enero de 2016, pero los resultados electorales de este año los dejan moralmente descalificados para proseguir en cualquier tipo de dislates para procurarse cuotas de poder o impunidad. Las primeras acciones del próximo Congreso deben enfocarse en hacer el recuento de daños y responsables, si no es que los recursos legales contra las reformas imprudentes la revierten antes del Año Nuevo.

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