En lugar de estar procurando mayor laxitud en las leyes de financiamiento electoral y transfuguismo, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral deberían estar empecinados en arrancar de raíz el peligro de infiltración de mafias y grupos de narcotráfico en la política municipal e incluso a niveles más altos. El riesgo es real y constante, por lo cual no deberían jugar a consentir veleidades politiqueras que solo ocultan agendas de narcoestado.

Hace apenas dos semanas, Panamá entregaba en extradición, a Estados Unidos, al alcalde de Ocós, San Marcos, quien fue detenido en ese país centroamericano por requerimiento de las autoridades de la potencia del norte, señalado de participar en actividades de narcotráfico. Ayer, un nuevo caso de posible conexión entre dicho ilícito y autoridades ediles fue divulgado por el Ministerio Público, a través del pedido de antejuicio en contra de Esduin Javier, alcalde de Ipala, Chiquimula.

De acuerdo con la información planteada por la Fiscalía contra la Narcoactividad, el jefe edil tendría conexión con la estructura denominada los Ipala, que se dedica al trasiego de estupefacientes o drogas hacia México y EE. UU. Si bien la sola petición de antejuicio no constituye un veredicto, sí es un duro golpe a la credibilidad de Javier, quien hace poco más de un año protagonizó una pelea a puñetazos contra el alcalde de Mixco, actividad que a todas luces constituía un circo propagandístico, algo de lo que este último no puede despegarse al aducir ignorancia.

Lo más grave del asunto es que la pesquisa apunta a que tal gresca, escenificada en una plaza de jaripeo de Ipala, fue posiblemente un ardid distractor para acribillar, la madrugada del 25 de enero, a tres hombres, en la ruta entre Ipala, Chiquimula, y Agua Blanca, Jutiapa, quienes habían asistido a presenciar el evento. Además se rastrean indicios de posible lavado de dinero, con lo cual estaría relacionado un decomiso de US$804 mil 570 (Q6.2 millones), ocurrido el 28 de enero del 2020, en la ruta Interamericana.

El tema de fondo es la presencia a escala municipal de estructuras dedicadas al trasiego de drogas, armas, personas o mercancías, que se disputan territorios o establecen verdaderos cinturones de vigilancia ilegal. En algunos casos, las mismas comisarías o subcomisarías locales parecen estar supeditadas a sus designios, ya sea por intimidación o conveniencias, ante lo cual la ciudadanía queda inerme.

Es allí donde radica la importancia fundamental de una estrategia de seguridad integral, alimentada con leyes actualizadas y funcionarios probos. Sin embargo, también se necesita una Ley Electoral y de Partidos Políticos más estricta y exigente en aspectos como los reportes puntuales y claros de financiamiento partidario. La parsimonia con que se ha tratado hasta la fecha este aspecto constituye una puerta abierta al dinero proveniente de la criminalidad. Aún así, siguen en dimes y diretes algunos casos de este delito electoral, sin que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tengan la suficiente integridad para decretar la supresión de tales organizaciones, incluyendo al anterior partido oficial, FCN-Nación, que hoy es una bisagra útil de la alianza oficialista. Como colofón cabe citar nuevamente el caso de Honduras, en donde, según testimonios en el juicio que se celebra en EE. UU. contra un traficante, los sobornos han llegado al más alto nivel.