A pesar de existir un sentenciado por el asesinato de dos periodistas en Mazatenango, Suchitepéquez, perpetrado el 10 de marzo del 2015, de haber audios incriminatorios y de existir posibles motivaciones políticas, el Ministerio Público (MP) falló al exponer los indicios, evidencias y argumentos, según lo señala la propia jueza a cargo del debate en contra del exdiputado Julio Juárez, acusado de ser el autor intelectual, quien fue declarado absuelto a más de siete años de haber sido cometido el crimen a plena luz del día en el parque central de la localidad.

Se respeta la presunción de inocencia de toda persona hasta ser vencida en juicio, lo cual no se consiguió, en buena medida, por deficiencias en la investigación y concatenación de los elementos probatorios. Por desgracia, como en tantos otros casos de agresiones contra comunicadores sociales, resulta difícil poder llegar hasta las mentes que traman y ordenan, desde las sombras, los ataques. Dada la prominencia política del acusado, constituye un pésimo mensaje para el combate de este tipo de delitos.

Llama la atención que a pesar de los múltiples cambios y movimientos efectuados por el MP en los últimos dos años, este proceso haya continuado a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y no se trasladara a la de Delitos contra Periodistas, cuya creación se anunció en el 2019 y en la cual es bastante posible que hubiera tenido mejores contextos y enfoques para abordar la acusación. Esto es solo una suposición, puesto que tampoco es que existan grandes logros en esta oficina, donde se han presentado múltiples denuncias pero tan solo una parte son admitidas y ninguna ha llegado a la fase de debate oral.

En manera alguna se está afirmando que los delitos contra periodistas deban tener prioridad de trato frente a otros cometidos en contra de la ciudadanía: toda denuncia de ilícitos debe contar con la certeza de investigación científica y la esperanza de justicia. En el caso de agresiones al derecho de libertad de expresión lo que en realidad peligra no es solo la posibilidad de efectuar periodismo inquisitivo, sino de que cualquier guatemalteco pueda expresar sin cortapisas sus ideas, cuestionamientos y exigencias.

Apenas del 3 de mayo, Día de la Libertad de Prensa, la Asociación de Periodistas de Guatemala divulgó un informe alarmante: entre enero del 2020 y marzo del 2022 se habían registrado 313 agresiones de diverso grado en contra de periodistas y medios de comunicación. Las barreras impuestas para acceder a fuentes de información y datos oficiales, campañas de difamación y desprestigio en redes sociales, así como intimidaciones en contra de comunicadores e intentos de que periodistas revelen sus fuentes informativas, protegidas por el secreto profesional, abundan.

Los comunicadores de la provincia están expuestos a agresiones verbales y físicas sin que el MP actúe con celeridad. El 9 de marzo último, el periodista Orlando Villanueva fue ultimado por dos sicarios mientras practicaba deporte en una cancha ubicada en Puerto Barrios, Izabal, un modo de operar muy similar al de la ejecución de Danilo Zapón. Medios locales señalan fuertes animadversiones de funcionarios locales contra quien Villanueva dirigió críticas, el mismo móvil que se reclamó en el caso de Zapón. El MP no debería exponer ningún logro en esta fiscalía en el informe que será dado a conocer en los próximos días.