Con la oficialización del voto mayoritario de los colegios electorales de EE. UU. en favor de Joe Biden se confirma la salida de Donald Trump de la Casa Blanca en poco más de un mes, y el retorno de los demócratas al gobierno de dicha potencia. Como bien lo señaló Biden en su discurso triunfal del lunes, el gran reto tras una contienda política es el de volver a unir esfuerzos y, por supuesto, de cumplir los ofrecimientos de campaña que en buena medida apuntaron a la población hispana, que se convirtió en pilar fundamental de la victoria.

La crisis económica crónica que agobia a países de Latinoamérica ha sido un detonante de la migración irregular hacia EE. UU., pero esto se agravó con la pandemia. Las caravanas de centroamericanos se han sucedido quizá con menor número de participantes, pero sí con mayor frecuencia e insistencia. Las barreras sanitarias se han erigido como freno para el paso de estos grupos de viajeros, en buena parte de Honduras y Nicaragua, que no tienen ya nada que perder ni ganar en sus países de origen. Por desgracia, el éxodo también ha continuado en Guatemala debido a la falta de empleo y a las pérdidas agrícolas ocasionadas por desastres climáticos.

Debe entenderse que el gobierno de Biden podría intentar ayudar a la regularización de ciertos grupos de migrantes, como por ejemplo los jóvenes soñadores, pero sería irreal pensar que se abrirán las puertas de par en par a todos los indocumentados. Es previsible que se mantengan y hasta se incrementen los patrullajes fronterizos, así como los acuerdos con los gobiernos de la región para que colaboren con la detención de viajeros irregulares con rumbo al norte.

Debe señalarse también que a pesar del fuerte discurso antimigración ilegal, el gobierno de Trump abrió más posibilidades de permisos temporales para trabajadores guatemaltecos, una oportunidad de poder laborar y recibir una remuneración bajo las leyes estadounidenses, sin tener que separar a las familias. Esta modalidad debe ser aprovechada por el Gobierno de Guatemala para mantener un flujo constante de mano de obra guatemalteca, con controles eficaces para asegurar su retorno al país.

Por otra parte, es tiempo de estudiar la viabilidad de una verdadera campaña de organización, registro y apoyo a los connacionales radicados en EE. UU. Sería un esfuerzo sin precedentes para establecer, en primer lugar, cuántos guatemaltecos y sus familias viven allí. En el caso de los que se encuentren indocumentados, es posible que vivan el constante temor a una deportación, pero al menos se les podría proveer de asistencia legal directa o institucional para tratar de llevar sus procesos de una forma más eficiente. Y si fueran deportados, un registro previo permitiría tener datos confiables y una posible referencia para su inserción laboral en el país o la certificación de sus habilidades.

Las comunidades guatemaltecas en EE. UU. no tienen la cohesión y organización que sí han conseguido otras de El Salvador, Venezuela o Nicaragua. No obstante, son un motor económico importante a través del envío de remesas, que este año ya superan los US$10 mil millones, con lo cual constituyen uno de los puntales de la estabilidad macroeconómica. Tal aporte merece gozar de un sentido de pertenencia, de inclusión cívica y política, y de atención de calidad por parte del Estado de Guatemala.