La política nacional sobre cambio climático de Guatemala fue lanzada hace una década, pero a la fecha los deterioros medioambientales se acumulan: las políticas de control de emisiones están desactivadas, reservas naturales como El Mirador, la Sierra de las Minas o Cerro San Gil son vistas con obsesiva ambición por saqueadores de madera; la ley de manejo de aguas continúa siendo un fantasma engavetado y la protección de los ecosistemas naturales del país constituye una suerte de discurso políticamente correcto pero ridículamente relegado a causa de diversos intereses.

Las dependencias encargadas del cuidado del ambiente y la vigilancia de parques nacionales sobreviven con presupuestos irrisorios, con poca o ninguna capacidad de reacción frente a las bandas de deforestadores que a menudo actúan apadrinados por funcionarios locales o respaldados por el poder de fuego de grupos delictivos que trasiegan maderas preciosas, piezas arqueológicas saqueadas, jade e incluso drogas.

En todo caso, esto solo es parte del problema, puesto que las condiciones de pobreza, falta de empleo y de desarrollo llevan a millares de familias a depender de la combustión de leña para cocinar, lo cual conduce a otra forma de deforestación, quizá más lenta, quizá más difícil de detectar, pero igual de destructiva y difícil de revertir, puesto que este escenario se conjuga con rozas agrícolas y devastación ecológica que a ras de suelo puede considerarse focalizada, pero que en fotografías satelitales se evidencia como una verdadera tragedia global cuyos efectos a gran escala ya se perciben en todo el territorio nacional.

Solo en cultivos de maíz se han perdido este año Q800 millones, a causa de la falta de lluvias o el exceso de estas, según la región y el período de tiempo medido. En otros casos la mala cosecha deviene de una siembra efectuada según los calendarios tradicionales de los campesinos, sin tomar en cuenta que los patrones de precipitación han cambiado a causa del calentamiento global y fenómenos como El Niño y La Niña. Otros tipos de siembra presentan también graves secuelas económicas.

Si a ello se suma el poco apoyo educativo, técnico y financiero para comunidades productivas de todo el país, a fin de transformar sus modelos agrícolas, diversificar productos e implementar modalidades de riego que optimicen el recurso acuífero, cada vez más escaso, se tiene la receta para una cíclica y cada vez más grande tragedia nutricional.

La Política Nacional de Cambio Climático, presentada en septiembre de 2009, contemplaba involucrar a estudiantes y académicos en el análisis de las particularidades geográficas y biológicas del país, la incorporación y combinación de conocimientos tradicionales con avances científicos y el involucramiento de todos los estamentos del Estado en la búsqueda de propuestas de solución. Es llamativo el inciso en donde se proyecta dar más recursos al área de investigación y desarrollo de tecnología en este campo: otro discurso que sonaba promisorio pero terminó en letra muerta. Finalmente y quizá lo más lamentable sea ver el papel rector que se otorgaba al entonces recién creado Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en el campo de la prevención, mitigación y educación, a fin de liderar una férrea protección del patrimonio natural del país, la cual debería estar encabezada por profesionales de áreas conexas, con experiencia comprobada, méritos académicos y valores éticos. La ciudadanía consciente reclama un abordaje ambiental serio, libre de falsos protagonismos o de ministros que no dudan en confesar su falta de idoneidad.