Dantesco, cruel e indignante es el video que registra el asesinato de Keyla Yessenia Villeda, una madre trabajadora que salía a tomar la hora del almuerzo. Fue ultimada en pleno casco urbano de Chiquimula por un individuo que era acompañado por otro que lo esperaba en motocicleta. Frialdad psicópata, impunidad galopante. Cualquiera que sea la supuesta causa de tan brutal agresión se trata de un crimen injustificable y, por supuesto, aberrante. Este caso expone la indefensión en la que se mueve la ciudadanía guatemalteca y ante lo cual la gestión del presidente Alejandro Giammattei poco ha logrado hacer.

Ayer mismo se producía, en la zona 6 capitalina, un ataque, también mortal. Se informó que Nora Esmeralda Gramajo Barrios, de 56 años, fue atacada a balazos por individuos que ingresaron a su vivienda. Los antecedentes indican que los dos casos anteriores pueden pasar a convertirse en simples cifras de informes estadísticos anodinos. Ni el ministro de Gobernación ni sus viceministros salen a dar la cara por esta situación. Las viejas recetas de retenes policiales no funcionan y las repetidas requisas en los penales —desde donde se ordenan ejecuciones por extorsión— tampoco; sin embargo, no hay consecuencia alguna para los supuestos responsables de la seguridad pública.

Los diputados descansan a sus anchas para escenificar una solemne sesión de informe de gobierno el 14 de enero, en lugar de citar con celeridad al titular de la cartera. Parlamentarios del pacto oficialista han bloqueado anteriores intentos de cuestionar al ministro Gendri Reyes sobre abusos policiales y la falta de efectividad en proteger la vida de los guatemaltecos, un círculo vicioso que solo aumenta la afrenta contra la población.

En tal sentido, es urgente que la propia población denuncie esa indiferencia. Es urgente y necesaria la expresión cívica, pacífica, pero cargada de convicción para repudiar todo tipo de agresiones violentas con letreros, banderas de luto y pronunciamientos compartidos en redes sociales. Hasta el momento se ha mostrado una pasiva tolerancia a las deficientes estrategias del Organismo Ejecutivo, así como del Legislativo y el Judicial, cuyos titulares ni siquiera se inmutan, evaden el tema y temen enfrentarlo, porque reconocer el desborde criminal confirma el incumplimiento de ofertas electoreras y discursos protocolarios.

No se trata solo de la muerte de Keyla o de Nora, sino de las más de 500 mujeres ultimadas en el 2021, cifra que forma parte de los más de 2 mil 300 homicidios registrados hasta noviembre en agresiones, asaltos, riñas, ataques directos y violencia intrafamiliar, entre diversas manifestaciones de barbarie antisocial. La prevención de la violencia es posible y tenía un marcado éxito hasta el 2018, cuando el entonces ministro de Gobernación Enrique Degenhart, en el período de Jimmy Morales, descabezó una exitosa cúpula policial debido a enconos politiqueros y para lo cual argumentó una “oxigenación”.

La violencia se combate con la aplicación estricta de la ley y los principios constitucionales. El fomento de la paz es la mejor herramienta, pero ello no significa fingir que el problema es de otros y no mío, porque no me ha tocado a mí o a un ser querido. Es posible, de forma pacífica, demandar justicia, reclamar inteligencia policial, exigir acciones efectivas al Ministerio Público y a los tribunales, así como llamar y enviar correos al buzón del legislador distrital para que fiscalice las acciones gubernamentales, en lugar de coaligarse con la indolencia cómplice.