Estados Unidos
EDITORIAL
Hay partidos hasta para tirar
La politiquería, la corrupción, las egolatrías caudillistas y las ambiciones desmedidas han partido varios partidos.
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Después de décadas de represión y obstáculos a la organización política de la ciudadanía, los constituyentes guatemaltecos discutieron y avalaron, en 1985, una Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) que abría oportunidades para la pluralidad de ideas y propuestas de abordaje de las problemáticas y desafíos del desarrollo social, económico e institucional del país. Dejaron como mínimo de afiliados, para inscribir y mantener vigente un partido político, contar con un 0.30% del total de ciudadanos empadronados en la más reciente elección.
Lamentablemente, la politiquería, la corrupción, las egolatrías caudillistas y las ambiciones desmedidas han partido varios partidos, valga el homógrafo, han creado clones de organizaciones fracasadas y repudiadas por malos gobiernos —con otros nombres y símbolos—, o bien, cascarones satélites que dan cobijo a tránsfugas, a adláteres que fingen disenso o a exfuncionarios que andaban con una mano detrás y otra delante cuando entraron en un cargo y salen como potentados y “secretarios generales” de nuevos vehículos electoreros.
Sí, es un derecho ciudadano la organización partidaria. Pero, por eso mismo, se requiere que estas entidades se rijan con apego a la ley y más aún por las normas éticas que pregonan en su propaganda. Hay, de hecho, normas que les resultan incómodas y que con sospechosa frecuencia intentan modificar a su favor. En lugar de elevar la exigencia, la regatean, tal el caso de los monitoreos digitales de bases de afiliados, que deberían ser actualizadas en tiempo real: entregan hojas con firmas ilegibles y datos que se prestan al malentendido, como si aún estuviéramos en 1985. Algo similar ocurre con los informes de financistas y donantes, que suelen presentarse en forma tardía y a menudo con ambigüedades y vacíos.
En tiempos digitales, todo gasto partidario debería estar amarrado a la presentación de facturas digitales, incluidas donaciones de bienes o servicios. Sobre los financiamientos, la ley fija criterios para el registro de cuentas para los comités departamentales y centrales. Las siguientes reformas a la Lepp deberían modernizar requerimientos, para facilitar la rendición de cuentas en tiempo real, en lugar de tratar de esconderla.
De hecho, dentro de las organizaciones que deberían estar obligadas a reportar el origen de ingresos ante la Intendencia de Verificación Especial también deberían estar en alguna medida los partidos políticos, que suelen proclamar en sus proselitismos que son limpios, que son diferentes y que son transparentes. En un gesto proactivo, las bancadas del Congreso podrían incluir un estamento así en la próxima reforma a la Ley Antilavado, para cribar el origen de los fondos y evitar la infiltración de dinero, ergo, intereses sucios.
En esas condiciones, el próximo Tribunal Supremo Electoral (TSE) tendrá la grave misión de verificar los listados de afiliados y la contabilidad de los partidos. En este momento de los 27 partidos inscritos, hay al menos 10 que ya no tienen el porcentaje mínimo de prosélitos registrados y deben conseguirlos, a través de medios lícitos, en un plazo perentorio que el propio TSE debe fijar. Esto operaría como una depuración del sistema, aunque ya hay una larga lista de 22 comités proformación de partidos. Una vez electos, ya no importa el número de votos de cada magistrado ni de quiénes los obtuvieron. El nuevo TSE tiene dentro de sus prioridades recuperar esa primacía que el asedio electoral de 2023 lesionó estérilmente. La claridad en los criterios de sanción, la publicidad de decisiones y la equidad en la aplicación de la norma deberían ser su norte.
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