Han pasado 246 días desde que debieron haber asumido los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, un atraso cuya responsabilidad recae en todos aquellos individuos que mediante tráfico de favores, sabotaje de votaciones, intentos de elusión de requisitos y furtivas negociaciones viciaron a tal punto el proceso de postulación, que se hizo necesaria, primero, una corrección de las evaluaciones dentro del mismo Organismo Judicial, y después una inédita e histórica acción de amparo promovida por la Fiscal General para frenar una amenaza real e inminente de injerencia ilegal.

Dicha injerencia tiene una legión de operadores, politiqueros, exfuncionarios presos y epígonos de oscuros sectores, de los cuales Gustavo Alejos Cámbara es hoy el más conspicuo, aunque no el primero ni el único. Alejos fue descubierto en febrero cuando, bajo detención y tratamiento médico en un sanatorio, alternaba reuniones con comisionados, aspirantes y diputados, lo cual fundamentó la petición de amparo que fue otorgada y ratificada, en Derecho, por la Corte de Constitucionalidad.

Se establecieron plazos para que el Ministerio Público presentara un informe sobre indicios de falta de idoneidad, conflictos de interés y posibles vínculos de aspirantes con Alejos, el cual fue entregado al Congreso hace dos semanas, sin que hasta el momento exista una toma de postura firme, clara y enfática de la presidencia de dicho Organismo, al menos como una señal de tesitura ética. Ciertamente, las conexiones exhibidas por dicho informe revelan los aviesos intereses de algunos legisladores, que, de no quedar electos o reelectos ciertos magistrados, perderían capacidad de influencia en el OJ.

Cuando restan tres días para que se cumpla el plazo fijado por la CC para convocar a una plenaria, es necesario desde ya que los partidos representados en el Congreso manifiesten su total rechazo a la inclusión de candidatos señalados o incluso sorprendidos en plena visita hospitalaria, toda vez que esta sombra de sospecha se extiende hacia todas sus decisiones judiciales. El propio presidente de la República Alejandro Giammattei debe pronunciarse en favor de una elección transparente, no solo como fundador del partido Vamos, sino también como máximo representante de la unidad nacional.

Es muy probable que haya temblorina entre quienes temen perder la secreta simbiosis que hasta ahora han tenido sobre ciertas judicaturas, lo cual les ha servido para evadir procesos o bien para ayudar a allegados. La sanción de Estados Unidos, por corrupción, en contra de Gustavo Alejos no solo fue un duro golpe a esta red sino una advertencia para todos los involucrados en el proceso de elección, que se debe desarrollar con votos de viva voz.

Hay diputados de los que poco se puede esperar, dadas sus trayectorias, mímesis y procesos pendientes. El resto aún está a tiempo de corregir el camino, de regresar a la senda de los legítimos intereses de la ciudadanía, a fin de elegir magistrados capaces de enfrentar la transición que se viene para el sistema de justicia, que debe pasar del clientelismo a una sistematización de la calidad de desempeño. No está de más decir que suficiente tiempo han tenido para reflexionar su decisión, por lo cual se hace totalmente innecesaria cualquier extensión maliciosa, todo retardo truculento del inicio de la sesión. El pueblo de Guatemala los observa, señoras y señores diputados.