editorial
Hospitales siguen en estado de postración
La cúpula de Salud debe informar sobre los avances y establecer un cronograma de acción para atajar cualquier escasez de insumos.
El Día de la Independencia cumplió dos meses de haber asumido como ministro de Salud el doctor Joaquín Barnoya Pérez, quien recibió la cartera en una crisis de desabasto hospitalario a causa de deudas con proveedores. Dicha situación fue el principal motivo por el cual su antecesor, el médico Óscar Cordón, impulsó un convenio con la Organización de Naciones Unidas, a través de Unops, para mejorar la dotación y los precios internacionales de adquisición. Cordón renunció a mediados de junio, por motivos de salud, justo cuando un diputado del bloque Todos, aliado del anterior oficialismo, solicitaba la interpelación del funcionario, debido al desabasto en los hospitales.
Durante un mes quedó a cargo del despacho la viceministra administrativa Sandra Aparicio hasta que fue nombrado Barnoya. En el lapso de poco más de ocho meses, a los atávicos problemas de existencia de insumos se sumó una campaña de amenazas en contra de personal del hospital Roosevelt, lo cual llevó a la suspensión del servicio de consulta externa. Dichas intimidaciones fueron denunciadas, pero el Ministerio Público, principal responsable de la investigación y persecución del delito, sigue sin presentar resultado alguno. La Policía Nacional Civil ha montado operativos para resguardar los alrededores del edificio, pero la atención a pacientes externos sigue suspendida.
Cientos de guatemaltecos acuden en busca de diagnóstico o tratamiento médico, por diversas dolencias, a veces crónicas, pero desde el 19 de agosto no reciben atención alguna, ni siquiera con cita. Entran, presentan su cartilla y se les reprograma para dentro de quién sabe cuántos días, como si eso fuera consuelo o alivio alguno para ese padecimiento que llevan prácticamente en desamparo.
Parte de esas consultas han sido absorbidas por el Hospital General San Juan de Dios, que arrastra sus propias precariedades y cuya existencia de insumos se agota. En cuanto al principal activo, el personal médico, se reportan ya cuadros de agotamiento, por el incremento en la demanda de servicio, así como el riesgo de un nuevo desabasto. Hace un mes, tras la aprobación de la ampliación presupuestaria en el Congreso, el ministro Barnoya tuiteó que la readecuación permitiría “mantener abastecidos los servicios de salud”, lo cual continúa en duda, debido a las actuales circunstancias.
Para efectos prácticos, es necesario asegurar la reapertura del hospital Roosevelt, a través de una estrategia seria y sostenida de seguridad perimetral, así como el seguimiento a las pesquisas de amenazas, atribuidas a pandilleros y cuidacarros desalojados de áreas cercanas. Solo la deducción de responsabilidades contra los responsables de este asedio devolverá la confianza necesaria para una reapertura estable. Asimismo, el traslado de reos debe ser sustituido por otras medidas, para no poner en riesgo a la ciudadanía y al personal hospitalario.
La cúpula de Salud debe informar sobre los avances y establecer un cronograma de acción para atajar cualquier escasez de insumos, así también informar sobre la viabilidad de la provisión a cargo de Unops, que fue firmada pero cuyos resultados reales se desconocen. La ciudadanía precisa de una atención digna en consultas externas o internamiento. La fiscalización de ese servicio es necesaria, pero no como pretexto para posturas farisaicas, politiqueras o demagógicas. Sin embargo, esto tampoco libra de reproche a las actuales autoridades, pues no se gestionan solo fondos o planillas, sino la vida misma de miles de ciudadanos que acuden con la esperanza de ser atendidos con humanidad.
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