Estados Unidos
EDITORIAL
Idoneidad debe primar en relevo institucional
El relevo institucional que ya está en marcha debe propiciar un ejercicio de democracia desde la fase de postuladoras o bien de designaciones institucionales de magistrados.
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Quedó bastante claro en la votación de primera vuelta del Colegio de Abogados para elegir representantes ante la Postuladora del Tribunal Supremo Electoral 2026-2031 que van perdiendo peso los cerdos asados y las viandas gratis como viciado incentivo para atraer votos. Se supone que la medida de no convertir en feria un acto profesional fue un consenso logrado entre las planillas participantes, para evitar críticas. Pero razón no debió ser esa, sino propiciar evaluación consciente de propuestas, trayectorias, nexos y contextos.
Mañana se efectuará la segunda vuelta, entre las planillas 4 y 5, con sendos perfiles, compromisos asumidos y afinidades marcadas. Recae sobre el gremio participante —pero también sobre los abstencionistas— el resultado de este proceso. El 7 de enero último solo votó menos de un tercio de los agremiados, a pesar de la trascendencia nacional de lo que se decidía. ¿No juraron en su graduación participar en la consolidación de la democracia y el Estado de derecho? En fin.
El Colegio de Abogados y Notarios también convocó ya a la elección de un magistrado titular y un suplente para la próxima Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país que a veces parece un embudo debido a que allí van a dar diversas causas y litigios en última instancia. Pero es allí en donde radica su importancia. Para la CC también nombran un magistrado titular y uno suplente la Presidencia de la República, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, así como la Universidad de San Carlos. Ya se oyen nombres revoloteando alrededor de las magistraturas, incluyendo algunos pájaros de cuentas, así como rumores de magistrados actuales que podrían buscar una reelección, incluso por un ente designador distinto al que los eligió —o los reeligió—.
El relevo en la Corte de Constitucionalidad debe darse con transparencia, de cara a la ciudadanía, y no en oscuras componendas. Es necesario cuestionar los afanes reeleccionistas, debido a que terminan debilitando la calidad de gestión, porque su margen de autonomía se reduce y aparece el incentivo de actuar con cautela frente a los actores políticos, económicos o institucionales que influyen en los procesos de nominación. En ese contexto, la justicia constitucional corre el riesgo de dejar de guiarse por principios y convertirse en una maniobra de cálculo, más preocupada por jugar al funambulismo.
En el caso del TSE, es necesario alentar la participación de más abogados guatemaltecos que busquen aportar a la consolidación democrática, a través de la rectoría suprema del sistema partidario y la organización de comicios equitativos, participativos y bien auditados, lo cual incluye el combate al financiamiento electoral no reportado.
Todos los integrantes de la postuladora deben comportarse con integridad y evitar jugarretas antiéticas como la de querer ser juez y parte, al participar en la entidad y luego destaparse como aspirantes. Tan deleznable espectáculo ocurrió en la anterior postuladora de magistrados judiciales, y no debería repetirse.
El relevo institucional que ya está en marcha debe propiciar un ejercicio de democracia desde la fase de postuladoras o bien de designaciones institucionales de magistrados. Debe primar el criterio de idoneidad y también el de reconocida honorabilidad establecido en la Constitución, el cual ha sido regateado mediante tretas que confunden el área penal con algo aún mayor: la búsqueda de excelencia de perfiles en favor de una mejora constante del desempeño en altas instancias. Cualquier reciclaje olerá a trato bajo la mesa.
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