La captura, ayer, de Jorge Luis Osorio Reyes, especialista del Estado Mayor de la Defensa Nacional, señalado de haber disparado al aire durante las fiestas de fin de año, demuestra la importancia de la vigilancia ciudadana, visibilizada de buena forma por los medios de comunicación y que terminó obligando a las autoridades a hacer su trabajo de forma rápida.

Desde que se difundió en redes sociales el video en el cual Osorio Reyes aparece, junto a dos mujeres, disparando al aire de manera más que irresponsable, dentro de un área residencial, decenas de usuarios de redes sociales condenaron el hecho y dieron un paso más al rastrear, mediante el número de placa del vehículo que se observa en el video y la huella digital que todos dejan al usar internet y redes, el nombre del imprudente, de sus acompañantes y de fotografías donde alardea de portar armas, incluso de alto calibre.

Pero la loable labor ciudadana no terminó ahí, sino que, de forma efectiva, prácticamente obligó al Ejército a reconocer la identidad de Osorio Reyes, condenar el accionar de uno de sus efectivos y ponerlo a disposición de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, que también, como pocas veces ocurre, emprendieron operativos para dar con el irresponsable.

Existen estudios en todo el mundo que prueban que esta mal llamada forma de celebrar es fatal y muy a menudo redunda en la muerte de transeúntes u observadores, pues las balas suben a gran altura cuando se dispara, pero se ignora a dónde van a parar aún con la suficiente velocidad para ser fatales. Por lo general, quienes cometen y observan estos actos desprecian el efecto de la resistencia del aire, pues los proyectiles llegan al suelo con la misma velocidad con que partieron del cañón de la pistola o fusil.

A partir del caso Osorio Reyes, en las mismas redes se han difundido más videos de situaciones similares, supuestamente ocurridas en las recién pasadas fiestas, lo que desde ya representa un reto para las respectivas autoridades, que deben determinar la responsabilidad de quienes cometen este tipo de hechos, que no solo son peligrosos, sino ilegales, pues la Ley de Armas y Municiones establece que la sanción contra personas sorprendidas en esos actos puede ser enviarlas a la cárcel de uno a tres años, además de decomisar el arma y no dejarlas portar armas durante tres años. Solo en el 2018, los tribunales emitieron 13 condenas contra quienes dispararon al aire, y hubo 19 víctimas mortales y 154 heridos por esa práctica.

Lamentablemente para la sociedad guatemalteca, y muchas más en el mundo, disparar al cielo para celebrar una ocasión es una práctica popular que no se logra erradicar, a pesar de que año con año muchas personas mueren como consecuencia de este detestable e irracional acto. Prueba de ello es la trágica muerte de Nahomy Alexandra Chalí Yoc, de tan solo 8 años, quien en los recién pasados festejos fue impactada en la cabeza por una bala perdida, mientras jugaba volcancitos frente a su casa, en Villa Nueva. Otro menor de edad también fue atendido esa misma noche por la misma causa, y aunque no murió, las consecuencias de la herida aún se desconocen.

Por Nahomy, y por las víctimas de años anteriores, este tipo de actos no deben quedar en la impunidad ni en el olvido de una ciudadanía inerte o de autoridades que actúan solo cuando la presión pública lo exige.