Indignante, irracional, deleznable y totalmente inaceptable es todo acto criminal en el cual se siega la vida de una persona, pero aún más deplorables resultan los casos en que las víctimas son niños inocentes, ajenos a cualquier rencilla, culpa o venganza, pero cuyas vidas son truncadas de la manera más cobarde y vil. Ni siquiera ha transcurrido un mes del secuestro y asesinato de la pequeña Hillary Saraí Arredondo de León, perpetrado en Tiquisate, Escuintla, el 18 de enero, en medio de bizarras circunstancias y confusas versiones de los propios señalados, uno de ellos confeso de la abducción de la pequeña y quien dijo haber cobrado por ese hecho una miserable suma.

La angustiante historia de la repentina desaparición y desesperada búsqueda se repitió el miércoles último. Sharon Figueroa, de 8 años de edad, fue vista por última vez jugando con su bicicleta en el patio de su vivienda, en Melchor de Mencos, Petén. Los padres pidieron auxilio a pobladores cercanos y a las autoridades. La alerta con la fotografía de la niña se divulgó en redes sociales, con la esperanza de localizarla con vida. Desgraciadamente no fue así y hoy el pesar invade no solo a su familia, sino a todo el país, que reclama protección efectiva para la infancia y el cese de tan brutales actos.

Las expresiones de condolencia y solidaridad son incesantes, pero es claro que no logran aliviar el inmenso dolor de la madre de Sharon, quien exige justicia para su hija con un objetivo aún mayor: el cese de tan salvajes agresiones en contra de niñas llenas de ilusiones, ajenas a la maldad y perversión de las mentes que se ensañan contra ellas. El cuadro es dantesco: en los primeros 40 días del año se reportan 590 alertas Alba-Keneth por desaparición de menores; si bien se han resuelto 354, aún quedan 236 sin rastro.

En algunos casos se trata de posibles fugas de adolescentes o rencillas intrafamiliares; sin embargo, cuando son menores de 10 años, el panorama se ensombrece. Tanto Hillary como Sharon tenían alertas activadas, pero no fueron suficientes para hallarlas a tiempo.

Resulta clave la organización comunitaria como una estrategia preventiva y solidaria que contribuya con el trabajo de las fuerzas de seguridad. Cabe aclarar que organizarse no se debe entender como aplicar la justicia por mano propia, pues hacerlo, en lugar de reparar lo sucedido, deteriora más el tejido social y convierte a los pobladores en lo mismo que tratan de erradicar.

La Policía, el Ministerio Público y los tribunales tienen ante sí el desafío de proveer justicia a todos los habitantes, no solo en los casos de las víctimas infantiles recientes, sino en tantos delitos contra comerciantes, padres de familia, taxistas, vendedores ruteros y ciudadanos productivos. La violencia enluta familias, trunca futuros y cercena esperanzas. Nuestra absoluta condena contra los victimarios de Sharon, Hillary y más niños cuyas vidas no pudo garantizar el Estado.

Por eso mismo es inaceptable cualquier intento de aprovechamiento político de tan infausta circunstancia por parte de figuras públicas, que en lugar de inspirar la serenidad parecen exacerbar los ánimos con declaraciones precipitadas. Se trata de abominables crímenes, sí. Se necesita la certeza del castigo para los involucrados, sí, pero no se logrará a fuerza de ofrecimientos impulsivos que más bien suenan a campañas pasadas en las cuales la pena de muerte se esgrimió —como estratagema populista o evidente distractor de temas torales— a pesar de su inaplicabilidad legal.