Cuando una persona adquiere un crédito para una adquisición, un proyecto o un negocio, busca ejecutarlo con la mayor prontitud posible porque sabe que el plazo para pagarlo comienza a correr desde el momento en que recibe los fondos, a la vez que necesita contar rápidamente con ese bien o servicio para su mayor bienestar y productividad. Sin embargo, en el caso del Gobierno de Guatemala no parece funcionar con esa lógica.

La tardanza en el otorgamiento de ayuda a ciudadanos que se quedaron sin empleo o empresas que sufrieron el impacto de las restricciones por el covid-19 se mantiene hasta la fecha. Uno de los argumentos recurrentes de los diputados que apoyaron el masivo endeudamiento del país por casi Q3 mil millones en marzo último fue que tales recursos eran necesarios no solo para dotar el Estado de recursos para la atención de la pandemia, sino también para brindar auxilio económico a los guatemaltecos durante una etapa difícil.

En la atención a personas el reparto de recursos fue tardío, insuficiente e ineficiente, porque muchas familias necesitadas no pudieron calificar para el Bono Familia, por no mencionar las irregulares entregas. En cuanto a la asistencia a empresas, queda evidenciado que los fondos tampoco se manejaron con adecuados criterios de prioridad, pues siete de cada 10 afirma no haber recibido apoyo alguno, según lo refleja la encuesta del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

La gran mayoría de empresas, incluidas micro y pequeñas, se vieron en la necesidad de adquirir créditos en la banca comercial -ejemplo con el cual inicia este editorial- porque los requisitos engorrosos para créditos estatales, tan publicitados y repetidos en los discursos presidenciales, hacían inviable su solicitud y costo de oportunidad.

El Crédito Hipotecario Nacional, como entidad a cargo del manejo de esta cartera de asistencia, debe rendir cuentas sobre los mecanismos de solicitud, procesamiento de las mismas y otorgamiento de la ayuda: una ayuda que, por provenir de endeudamiento, todos los ciudadanos deben pagar a largo plazo. Pero si no sirvió para el fin con el cual fue adquirida, solo será una carga más para un país maltrecho.

Resulta curioso cómo, en nombre de una supuesta transparencia, se acendran la burocracia y la lentitud de trámites, pero para efectuar transferencias para cambios de destino de millonarios recursos no existe más requisito que una firma, que bien puede resultar falsificada.

El impacto de la tormenta tropical Eta es inconmensurable: en vidas, destrucción de bienes, daños a la infraestructura y tiempo que tomará restablecer vías comerciales y recuperar los cultivos dañados. Y lo será aún más si el Gobierno intenta alcanzar resultados diferentes aplicando los mismos procesos y por medio de las mismas personas. En este momento es preciso una reacción ágil de ministerios como el de Desarrollo, de Comunicaciones, de Economía y de Trabajo, pero se trata justo de los mismos que no han podido cumplir a cabalidad con las expectativas y necesidades generadas por la pandemia. Si no se ha logrado aclarar hasta ahora cuál era el destino real de las transferencias de Q135 millones de la Dirección de Caminos, cómo se podrá garantizar el manejo transparente, eficiente y acertado de los millones de emergencia que estén por venir.