La suigéneris partidocracia guatemalteca busca salir del fango en el que la sumió el financiamiento electoral ilícito, un delito que ha dejado una profunda huella en la también peculiar democracia electoral. La mayoría de los involucrados intenta rechazar los señalamientos y para el Tribunal Supremo Electoral la situación ha llegado a tal extremo de que es necesario pedir la intervención del Ministerio Público, ante la resistencia a la fiscalización por parte de los responsables de las agrupaciones.

Después de conocerse que las autoridades del TSE habían denunciado a Todos en el MP, se supo que, junto a esa agrupación, también se requería la investigación de otros ocho partidos políticos, por delitos que van desde el mal uso de aportes financieros hasta llegar al financiamiento irregular o no registrado, como sucede con millonarios pagos que ahora se busca esclarecer en qué términos se le entregaron a la alta dirigencia de las agrupaciones políticas.

En resumen, ese es el penoso panorama en que el nuevo evento electoral da sus primeros pasos, lo que permite vislumbrar una campaña mucho más compleja que cualquiera de las anteriores, pues, aunque a partir de la convocatoria no se puede cancelar ningún partido político, sí es probable que algunas de sus principales figuras no lleguen a participar en la contienda.

Ante ese escenario es muy probable que resurjan las trilladas frases de la judicialización de la política, pero lo cierto es que cada vez queda más claro que el financiamiento electoral irregular se ha convertido en el cáncer que minó el sistema de partidos, por haberse hecho uso indiscriminado de tal recurso, que ahora tiene prácticamente a la mayoría de agrupaciones contra la pared.

La campaña electoral, que está por empezar su estruendo, tendrá necesariamente que ser muy diferente a las anteriores, pues a la luz de las más recientes denuncias es lógico que los financistas serán mucho más cuidadosos con sus aportes. Esto tampoco elimina la posibilidad de que continúen las viejas prácticas y simplemente puede ser que haga más oscuro el flujo de recursos financieros, menos rastreables los dineros, lo cual podría profundizar la corrupción entre el a todas luces inconveniente cacicazgo partidario.

Nadie tiene duda sobre la forma irregular y oportunista en que hasta ahora se manejado el financiamiento electoral, y de no ser por la acción conjunta de la Cicig y del Ministerio Público, que han buscado combatir la ilegalidad de buena parte de los involucrados en ilícitos electorales de los últimos años, eso podría continuar inalterable, pues el sometimiento del poder sigue siendo una enorme tentación para grupos diversos.

Es indudable que la práctica de corromper el liderazgo político no desaparecerá de la noche a la mañana, pues al final es una perversa mezcla de mutua conveniencia, el que paga por pecar y el que peca por la paga, como dice el poema, lo que en el fondo amenaza la base del andamiaje democrático y alienta al surgimiento de liderazgos mesiánicos, que al final terminan por ser más de lo mismo y a veces peor, como sucede ahora.

Ante la degradación del modelo y la pérdida de credibilidad de los más altos órganos de poder, la esperanza se dirige de manera inequívoca hacia los pocos jueces independientes y un Ministerio Público decidido a combatir el crimen, la última posibilidad de salvación de un sistema que parece avanzar de manera irremediable hacia su propia destrucción.