Con sospechosa oficiosidad, el Congreso sesionó casi 12 horas para aprobar una ley de emergencia económica para paliar la crisis generada por el impacto del coronavirus y apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas. El toque de queda y la nocturnidad fueron el marco perfecto para que pudieran incluir, sin que nadie los cuestionara, un artículo según el cual los créditos de dicho fondo de Q400 millones pueden ser otorgados también a las personas políticamente expuestas; es decir, a funcionarios, congresistas o sus familiares. Una cláusula que constituye el síntoma de un deleznable mal que azota a los congresos: la desfachatez.

Las previsiones no son halagüeñas. Los efectos económicos de la suspensión parcial de actividades industriales y comerciales tendrá una cauda dañosa sobre las proyecciones de crecimiento, que apuntaban a un 4% para este año. Las nuevas previsiones marcan un descenso de esta meta que podría quedarse en el 1%, que a pesar de ser positiva resulta insuficiente para sostener metas de mejora a mediano plazo de ciertos indicadores de desarrollo humano. El freno a la producción, el gasto imprevisto para cubrir la contingencia -que aún dista de terminar- y, sobre todo, la pérdida de miles de vidas constituirán un lastre y a la vez un desafío que involucra por igual a países desarrollados o en vías de alcanzar mejores estándares de vida.

Sin embargo, lejos de conmoverse ante tan enorme amenaza para la comunidad nacional, los diputados, incluyendo a muchos de los electos por primera vez, se ponen de primero en la fila de los favores a costa del endeudamiento nacional. La propia lectura del orden del día en el pleno fue sospechosamente parsimoniosa.

Era necesaria la aprobación de un fondo de emergencia, puesto que junto con la macroeconomía se debe atender también el ámbito microeconómico. En otras palabras, el objetivo de la iniciativa era posibilitar un apoyo estatal a la ciudadanía que se gana la vida a través de pequeños emprendimientos y negocios informales de subsistencia, que, en este momento, se encuentran prácticamente varados ante la drástica reducción de transeúntes, la suspensión de actividades recreativas y religiosas, la paralización del turismo internacional y el recorte en el consumo de productos artesanales, todo lo cual se puede convertir en un problema humanitario.

Justo ayer se señaló, en este espacio, que la emergencia no debe ser instrumentalizada por protagonismos o afanes de ganar imagen pública. Quienes ejercen cargos públicos se encuentran en el cumplimiento de sus obligaciones, aun si estas se concentraron eficientemente en atender la salubridad. Esto no resta mérito ni elogio a los horarios extendidos, a los voluntariados anónimos y a las sinergias público-privadas nacidas para iluminar este momento difícil.

En los barrios periféricos, en los cascos urbanos municipales, en las aldeas y caseríos de los cuatro puntos cardinales hay temores que necesitan de respuestas inmediatas, porque está en juego la subsistencia de familias completas. Abundan pequeños comerciantes y negocios, empleadas de casa particular, talleres de carpintería, herrería o mecánica que de pronto se quedaron sin clientes, sin ingresos y con pagos inminentes. Pero tales apremios poco parecen importar a diputados que aprovechan las medidas de excepción para recetarse decretos discrecionales, síntoma inequívoco de estar infectados por el clientelismo que cundió entre sus predecesores.