El presidente Jimmy Morales inicia hoy el cuarto año de su mandato, en medio de protestas, generalizada incertidumbre y un creciente repudio nacional e internacional, debido a las medidas encaminadas a desbaratar los millonarios esfuerzos contra la corrupción financiados por los países colaboradores con Guatemala.

El desgaste con el que llega esta administración coincide con el rechazo internacional, a través de países e instituciones, y también se parece a las represalias emprendidas contra los regímenes militares de las décadas de los años 70 y 80, cuando el bloqueo de ayuda de Estados Unidos obligó a que fuera canalizada a través de terceros países.

Una treintena de naciones y de entidades foráneas rechazan las decisiones de quienes mandan en el país y son anunciadas por Morales y su gabinete en contra de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, por considerar que el Gobierno irrespeta acuerdos internacionales. Se trata de una clara muestra de abuso de poder, evidencia del rumbo por el cual avanzan las prioridades de estas autoridades.

Una de las más claras muestras de ello es que la confrontación de Morales no ha sido contra Iván Velásquez ni contra la Cicig, sino está dirigida a cualquier instancia que intente arremeter contra la corrupción. Se comprueba porque pese a los altos niveles de criminalidad e impunidad prevalecientes en el país, ahora las baterías se dirigen contra el Ministerio Público y la fiscal general, Consuelo Porras, como la eliminación de una fiscalía contra el lavado de dinero y trata instalada en el aeropuerto, medida que ayer también fue revertida.

Autoridades menores del Ejecutivo incluso han incurrido en imprudencias, como la semana anterior, cuando un agente auxiliar del control de vehículos de la Policía Nacional Civil requirió al personal de la Cicig la devolución de automóviles puestos a su servicio, lo cual rectificó posteriormente el subdirector de Apoyo y Logística, quien presentó sus disculpas y aclaró que nunca había existido tal orden.

La cadena de abusos e irregularidades llegó hasta la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), cuyas autoridades cancelaron los permisos de portación de armas al personal de la Cicig, en otra muestra de imprudencia con que las autoridades han hostigado a investigadores de la oficina de la ONU en Guatemala.

No es de extrañar, entonces, que la respuesta internacional y nacional contra tantos abusos y prepotencias gubernamentales haya originado protestas y repudio diplomático contra lo que la comunidad internacional considera una falta de respeto a las obligaciones y una preocupante afrenta a fallos indiscutibles del máximo órgano constitucional del país, contra cuyos magistrados que han rechazado los abusos ahora se enderezan acciones legales.

Ningún gobierno había llegado en tan precarias condiciones a este momento. Reflejo de inexperiencia, de improvisación y de un preocupante contubernio con grupos enquistados en el Estado, pese a que el actual presidente había recibido un claro mensaje de cambio en las urnas. Se irrespetó a los votantes, a la más elemental lógica de gobernanza y ahora el país se encuentra a las puertas de pagar las consecuencias de tanto desacierto y de una mafiosa conducción del Estado.