Resultaría casi risible, si no fuera tan abyecto, el evidente propósito de manipular el proceso de elección de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones por parte del operador político Gustavo Alejos Cámbara, detenido ayer por el Ministerio Público en un sanatorio de la zona 2, en donde se encontraba bajo prisión provisional, a causa de otros cinco procesos, incluyendo la injerencia en la elección de magistrados de 2014.

A ese mismo centro asistencial privado llegaron en días recientes diputadas, aspirantes a magistrados, un presunto empleado municipal e incluso dos comisionados de postulación, quienes fueron registrados en video y fotografías. Entre titubeos y evidente nerviosismo, estos últimos admitieron haber acudido al sanatorio: uno argumentó que allí se encuentra recluido un patrocinado suyo; el otro declaró que, en efecto, sí había acudido a una reunión en la cual se discutieron temas de la postuladora y de apoyo a ciertos candidatos, pero, según él, nunca habló con Alejos. Curiosamente había llamadas en un celular encontrado en el lugar de la detención de Alejos identificadas con sus mismos nombres.

En un país como Guatemala, en donde la realidad supera la ficción, tal nivel de explicaciones trémulas suena tan endeble como la posición en la cual quedan los candidatos que —oh, coincidencia— también acudieron al mismo sanatorio y quienes por dignidad, por respeto a la inteligencia del ciudadano y por una mínima muestra de respeto a la justicia deberían renunciar inmediatamente.

Días atrás se habló en este medio de tácticas para intentar colar a determinados aspirantes. Aunque no se sabe si seguían instrucciones de Alejos o de otro operador, fue notorio el boicot intentado durante las votaciones, con el afán rebajar la nota mínima de aprobación. Cabe señalar que en instituciones que monitorean el proceso de elección se mencionaba con insistencia el papel del exrector de la Universidad de San Carlos Estuardo Gálvez, quien, según la presentación del MP, también visitó el sanatorio, que debe ser un sitio milagroso, debido a la notoria recuperación de Gustavo Alejos, quien llegó en silla de ruedas a audiencias judiciales.

El Congreso de la República entrará a elegir a los magistrados de Apelaciones la semana entrante, a partir de la nómina entregada el viernes último, y es probable que se intente copar la Corte Suprema, pero este plan no contaba con la enésima captura de Alejos, lo cual constituye una prueba de fuego para el Legislativo, cuyo presidente presume de soberanía, muy al estilo de la legislatura previa. Por cierto, el logotipo oficialista figuraba en una especie de tablero de cotejo hallado en el lugar de la detención, con símbolos de bancadas y nombres de diputados.

Resulta preocupante, lamentable y vergonzoso que a estas alturas de un difícil proceso se vuelvan a tener indicios de intromisión sectaria. Alejos no ha sido el único operador y es seguro que hay más hilos moviéndose para lograr la inclusión de figuras venales, pero invocando con obvia hipocresía la defensa de los intereses ciudadanos. Tanta “casualidad” es inaceptable porque apunta hacia la continuidad de un modelo perverso de impunidad, fomentado desde el período anterior. O quizá, a lo mejor, sí se trate de una conjunción fortuita, como el hecho de que haya sido la misma jueza suplente la que otorgó una medida sustitutiva al señor Alejos y días después también a Sandra Torres en dos judicaturas diferentes.