Las discordancias entre datos reportados por el sistema digital del Tribunal Supremo Electoral y las cifras consignadas en las actas de juntas electorales constituyen un episodio de tensión originado por deficiencias del sistema de procesamiento informático y errores en la digitación de resultados, los cuales deben ser corregidos mediante el cotejo con las mencionadas actas, de las que existen documentos físicos con copias entregados a cada fiscal de mesa, con las firmas de todos los presentes al momento del escrutinio.

A lo largo del camino democrático de Guatemala han abundado las coyunturas difíciles, de disyuntivas éticas y legales, de protagonismos valientes en favor del estado de Derecho e histrionismos impostados que revuelven el agua solo para enturbiar el ambiente. No han faltado momentos en que algunas autoridades, haciendo un uso temerario de sus facultades legalmente establecidas, se atreven a desafiar a las instituciones constitucionalmente llamadas a resolver, de forma colegiada, los desafíos que complican la realidad colectiva, ya sea por cambios, errores, negligencia o una combinación de esos y otros factores.

Las discordancias entre datos reportados por el sistema digital del Tribunal Supremo Electoral y las cifras consignadas en las actas de juntas electorales constituyen un episodio de tensión originado por deficiencias del sistema de procesamiento informático y errores en la digitación de resultados, los cuales deben ser corregidos mediante el cotejo con las mencionadas actas, de las que existen documentos físicos con copias entregados a cada fiscal de mesa, con las firmas de todos los presentes al momento del escrutinio. Es decir, se trata de documentos legales que dan fe de la efectiva contabilización in situ de las papeletas y sendos votos obtenidos por partidos y candidatos a la presidencia, congreso, municipalidades y Parlamento Centroamericano.

Por eso, el proceso iniciado por el pleno del TSE se enmarca dentro de las facultades de la institución, puesto que se trata de transparentar y verificar resultados en presencia de observadores nacionales e internacionales, así como fiscales de partidos políticos. Estos últimos frenaron el inicio del cotejo con el pretexto de que no estaban presentes los magistrados titulares, pese a que sí se encontraba en el lugar la comisión especial a la cual se le delegó esta importante misión. Asimismo fue notoria la presencia de diputados oficialistas que no tienen ninguna función dentro del proceso y cuyas airadas intervenciones poco contribuyen a la cordura necesaria en esta coyuntura.

De hecho, existen varias voces que reclaman acciones inviables como la anulación de los comicios o la renuncia de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, puesto que lo más importante es preservar la institucionalidad, la cual va más allá de intereses particulares. Curiosamente quienes más propugnan por este tipo de salidas engañosas son grupos diametralmente opuestos en el espectro político, los cuales no obtuvieron los resultados deseados en las elecciones o simplemente no participaron en las mismas por tener impedimentos legales. Incluso ya se escucha de acciones legalistas impulsadas por ciertos partidos que fueron fuertemente castigados por el electorado, las cuales quedan descalificadas desde ya ante la opinión pública, a causa de su evidente conflicto de interés.

Una vez superados los actuales escollos, será necesario deducir las responsabilidades civiles y penales de quienes resulten responsables de las inconsistencias que dieron origen a los actuales incidentes, ya sea por acción, omisión o negligencia. Ninguna autoridad o institución ajena al Tribunal Supremo Electoral puede intervenir en la continuidad del proceso. Además, las juntas electorales solicitaron con vehemencia que se respete lo consignado, por escrito, en las actas de mesas, juntas municipales y juntas departamentales, que constituyen la evidencia concreta y la garantía ciudadana de los resultados de los comicios.