Para no ir tan lejos cabe revisar una descripción de la carrera de Contador Público y Auditor según un programa de estudios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que no difiere en lo esencial de las definiciones de otras casas de estudios superiores que también la imparten: “El Contador Público y Auditor es un profesional con capacidad intelectual y científica en las áreas de contabilidad, auditoría, finanzas, legislación e informática; con valores morales, éticos y humanísticos que garanticen respeto, responsabilidad, dedicación, transparencia e independencia mental para ejercer su profesión en las entidades en las que se desempeñe”.

El término “auditor” proviene del latín “audire”, que significa oír, y hace alusión a una época en la cual los registros de contabilidad gubernamental eran aprobados solamente después de la lectura pública, en la cual las cuentas se leían en voz alta para detectar cualquier incongruencia. Con el advenimiento de la Revolución Industrial y el crecimiento de las empresas también se hizo necesario el ejercicio de una revisión independiente de los registros financieros, a fin de detectar faltantes, errores, fraudes o, en ausencia de los mismos, dictaminar la transparencia del ejercicio contable.

En consonancia, la Contraloría General de Cuentas, según el artículo 232 constitucional, “es una institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y, en general, de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas, y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado… También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier persona que, por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos”. La función es clara e inequívoca.

Esta semana quedó integrada, después de rezagos y pugnas, la comisión postuladora que debe designar, a más tardar la primera semana de octubre, una nómina de seis aspirantes entre los cuales el Congreso elegirá al nuevo contralor general de Cuentas. El cargo es de perenne relevancia, pero a las puertas de un proceso electoral será el que tenga la última palabra a la hora de emitir o denegar finiquitos a funcionarios, exfuncionarios, contratistas y personas que hayan manejado fondos públicos y aspiren a ser candidatos a un puesto público.

Cuando en 1956 se dejó su nombramiento al Congreso la intención era asegurar la independencia de la Contraloría, pero a la luz de acciones y omisiones recientes, existe el riesgo de ruidos políticos, ratos bajo la mesa, cortejos, presiones o improcedentes cabildeos subrepticios con algunos postuladores, lo cual debería ser de plano rechazado a través de una declaración ética firmada por todos los integrantes de la Comisión, algo que en nada riñe con su dignidad personal y profesional.

La aprobación de millonarios botines clientelares y la extensión abusiva de plazos para ejecución de fondos precisan de una clara postura de decencia personal e integridad profesional por parte de todo el gremio de contadores públicos y auditores, especialmente los profesionales que evaluarán los perfiles propuestos. Ninguna presión política debe superar a la probidad como criterio. Ninguna prebenda u ofrecimiento vale más que la confianza depositada por la ciudadanía guatemalteca —que no los diputados— en la Contraloría y su titular. El país vive apremiantes tiempos y retos críticos gracias a los abusos, extralimitaciones y dispendios de ciertos personajes que necesitarán un finiquito para postularse a un cargo cuya inmunidad empiezan a anhelar cuando las cuentas no cuadran.