Estados Unidos
EDITORIAL
Intentando negar la realidad con un subsidio
Los politiqueros en precampaña solo tienen en mente gastar dinero que no es suyo para promocionarse.
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Todo parece apuntar a que los Q2 mil millones del erario destinados al subsidio a combustibles se agotará antes de los tres meses para los cuales fue previsto y también antes de que finalice el conflicto en Irán que detonó tal carestía. Y sí, existe un efecto en la baja aparente de esos precios en los montos estipulados, pero no es que desaparezca tal costo; solo se traslada: no lo paga el conductor del vehículo, sino toda la ciudadanía. ¿Para qué pudieron servir más esos recursos? Se supone que el efecto del subsidio sería una supuesta baja en los precios de productos de consumo diario o descenso notorio en el valor de pasajes.
Dicen las autoridades que ahora van a “evaluar” los efectos, cuando en realidad tal seguimiento debió hacerse en tiempo real, desde el día uno de vigencia del beneficio económico, con exigencia efectiva de números de identificación tributaria o DPI a los beneficiarios, para saber, al menos, a qué regiones fue el aporte y cómo se distribuyeron esos recursos públicos.
Las cifras hablan: en un mes de vigencia, el subsidio consumió más de Q811 millones. El promedio semanal supera los Q200 millones, una velocidad de ejecución que apunta a agotar los fondos semanas antes de la fecha originalmente prevista. Las propias autoridades reconocen que, de mantenerse el ritmo actual, el programa podría quedar sin recursos hacia mediados de julio. Y es que un subsidio sin focalizar es como intentar apagar un incendio con una manguera que rocía agua en todas direcciones. Parte del recurso llega a las llamas, pero una cantidad considerable termina donde nunca hubo fuego. Hasta ahora se está considerando priorizar ciertos sectores para optimizar los fondos. De por sí, un subsidio a largo plazo es insostenible, y peor aún sin un monitoreo efectivo, técnico y en tiempo real.
Los subsidios generalizados transmiten una sensación de alivio visible y rápido. El conductor observa un precio menor en la gasolinera y percibe que el Estado está actuando. Tal “logro” con dinero ajeno es lo que pretendían capitalizar los diputados que aprobaron la medida, y también el Ejecutivo, que la propuso. Pero lo relevante son los resultados y el costo de oportunidad. Cada quetzal destinado a abaratar temporalmente el combustible es un quetzal que deja de invertirse en hospitales, escuelas, carreteras, cuidado de las reservas naturales…
Aunque se presenta como una ayuda para toda la población, quienes más combustible consumen suelen recibir una porción mayor del beneficio. Esto, a la vez, plantea el riesgo de incentivos perversos, como el acaparamiento o incluso la adquisición de combustible por parte de personas de países vecinos. Pero, sin duda alguna, la incógnita que las autoridades aún no han resuelto es: ¿Cuánto del subsidio se trasladó realmente a los consumidores? Se asumió que una reducción en los precios de los combustibles ayudaría a contener el costo de alimentos, bienes básicos y transporte. Pero también pudo ampliar los réditos de taxistas piratas y autobuseros inescrupulosos que ni siquiera declaran impuestos.
El subsidio aprobado no tenía ningún reglamento de trazabilidad y, dados los lastres de análisis estadístico estatal, resultará dudoso lograrlo. Es obvio que no había indicadores de impacto, solo la pura y onerosa demagogia. ¿Qué ocurrirá cuando finalice el fondo estipulado y los precios vuelvan a impredecibles niveles globales? ¿Cómo se implementaría la hipotética focalización? Lo peor de todo es que los politiqueros en precampaña solo tienen en mente gastar dinero que no es suyo para promocionarse, aunque el costo recaiga sobre todos.
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