Estados Unidos
editorial
Intolerable todo intento de repetir amaño rectoral
La elección de rector debe ser un ejercicio de legitimidad y no un trámite hermético; debe ser reflejo de libertad de expresiones e ideas, no de aplanadoras en un basurero.
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Ni con acreditaciones dudosas ni inauguraciones anodinas ni exenciones de matrícula que rozan el clientelismo ha logrado el cuestionado rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Walter Mazariegos, desvanecer las objeciones que pesan sobre su oscura elección del 2022. Aquella designación, marcada por exclusiones arbitrarias, se gestó en el contexto político del anterior oficialismo, que detentó la captura institucional. En este momento, la mayor desfachatez es la tácita intención de repetir el mecanismo de exclusión de cuerpos electorales opositores. Para hoy está prevista la intentona del Consejo Superior Universitario de avalar aliados y defenestrar a los adversarios.
Diversas unidades académicas y colegios profesionales ya eligieron cuerpos electorales contrarios al continuismo. Los procesos electorales abiertos y democráticos delatan el chanchullo del 2022 y, por ende, la maniobra que tuvo a su favor la polarización, cierto factor sorpresa y el uso injustificado de fuerza —mediante individuos armados— para impedir el acceso de los electores adversos.
Cuatro años después se intenta el truco manido, al haberse definido como sede de las votaciones —en abril próximo— un hotel de Antigua Guatemala, de reconocido prestigio. Para evitar gasto de recursos, que bien podrían utilizarse en favor de los servicios académicos o de investigación, la elección debió haberse convocado en el Museo de la Universidad o en cualquiera de las instalaciones de esa casa de estudios. Si tanta popularidad clama tener el rector que pretende ser reelecto, no debería tener ningún miedo de que el proceso completo transcurra de la manera más pública, competitiva e incluyente. Pero con acciones como esta, en realidad exhibe miedo.
Ciertamente, el proceso de elección rectoral de la máxima casa de estudios superiores del país —que administra miles de millones de quetzales del erario cada año y que tiene incidencia en decisiones colegiadas de una veintena de entidades públicas, así como participación en postuladoras y nominación de magistrados— se ha deformado por las ambiciones de rectores anteriores que politizaron estos procesos y vaciaron de idoneidad y rigor académico el cargo. Hoy, esa distorsión alcanza su punto más crítico al pervertir el sistema eleccionario y convertirlo en herramienta para retorcer la voluntad de la comunidad universitaria.
El síntoma de perdición sería que hoy las autoridades electorales de la Usac funcionen como un colador sucio que valide a los cuerpos electorales afines a Mazariegos y excluya a otros que no le rinden pleitesía. Ni siquiera se puede hablar de una apariencia de “legalidad” porque las reglas han sido retorcidas adrede, con total menoscabo de la dignidad del estudiantado, docentes y colegios profesionales. Aún se siente la pestilencia del proceso de elección en ciertos colegios profesionales, como el de Arquitectura, plagados de exclusiones similares que demeritan a sus agremiados.
La autonomía universitaria no puede ser excusa para la arbitrariedad. La Universidad de San Carlos de Guatemala no está por encima de los principios democráticos constitucionales. La elección de rector debe ser un ejercicio de legitimidad y no un trámite hermético; debe ser reflejo de libertad de expresiones e ideas, no de aplanadoras en un basurero. Repetir las prácticas fraudulentas y excluyentes de hace cuatro años es intolerable porque constituye desde ya un insulto al pueblo de Guatemala, que sostiene con sus impuestos a la Tricentenaria.
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