Nada en política es una casualidad, aunque a veces así lo parezca, es un axioma viejo pero infalible. Así que una declaración polémica de un personaje público podría tener la finalidad de crear una distracción respecto de otros temas, esparcir una idea que cree una atmósfera de zozobra o constituir un deliberado plan para desgastar a determinada persona, sector, sistema o institución, con aviesas intenciones ulteriores. Si se trata de un infundio esparcido por una autoridad electa cabe cuestionar la verdadera finalidad y la verdadera autoría del pronunciamiento.

Desde el 31 de agosto de 2018, el presidente de la República, Jimmy Morales, ha repetido, al menos en ocho ocasiones, sus aprensiones sobre la libertad de las elecciones de junio próximo, las cuales pasaron de un tono de exhortación a un énfasis rayano con el señalamiento directo al desempeño del Tribunal Supremo Electoral y su capacidad para garantizar la transparencia de los comicios, declaraciones que dicha institución ha rechazado con firmeza.

Resulta llamativo el empecinamiento presidencial en desacreditar periódicamente el avance del proceso electoral que se encuentra en plena marcha y a casi dos meses de la cita de los guatemaltecos con las urnas. El más reciente de estos ataques se basó en señalar supuestas “dudas” que no detalló y que solo refirió de forma vaga.

Si la función constitucional de quien ostenta el cargo de Presidente de la República es la de representar la unidad nacional, defender la Constitución y hacer que se respeten las leyes, la conducta del mandatario debería tener coherencia de palabras y acciones, por respeto a la ciudadanía.

En caso de tener evidencias o fundamentos sólidos para las preocupaciones expresadas, la obligación sería presentar una denuncia ante las instancias correspondientes de justicia, una sugerencia que le hizo, de forma caballerosa pero gallarda, el magistrado Julio Solórzano, actual presidente del TSE y prácticamente el decano de los procesos democráticos del país; en otras palabras, una voz de peso en la materia y alejado de cualquier filiación partidaria.

El presidente Morales podría dar un buen ejemplo, en los 277 días que le quedan a su período, de poner en práctica los discursos en los cuales ha invocado reiteradamente la presunción de inocencia, la prevalencia de la legalidad y, sobre todo, el respeto a la institucionalidad, gracias a la cual fue electo en 2015 en un proceso conducido por los mismos magistrados actuales.

La ciudadanía tiene inteligencia, discernimiento y, sobre todo, memoria, que la llevan a aprender de sus aciertos y sus errores. La reciente Encuesta Libre reveló que el 90% de guatemaltecos considera que el señor Presidente Morales no ha cumplido sus promesas de campaña y que un 92% cree poco o nada de sus declaraciones. No obstante, la afirmación de una supuesta intervención ya fue repetida por una candidata ante un organismo internacional.

Es por ello que las invectivas contra el TSE deben cesar, sobre todo por respeto a la legítima autoridad constitucional que posee. Ningún funcionario debe vulnerar la confianza colectiva en la entidad encargada de las elecciones, porque esto sí puede entrañar una injerencia dolosa que puede llegar a ser incluso constitutiva de delito, sobre todo si se efectúa de manera tan insistente y sin aportar prueba legal alguna.