Con claridad de cifras, programas y finalidades concretas, el gobierno de Joseph Biden ha develado el paquete de asistencia económica y técnica para impulsar el desarrollo, la productividad y el emprendimiento en el Triángulo Norte, como parte de una estrategia tendiente a reducir la migración irregular hacia Estados Unidos. Queda claro que no se trata de filantropía ni de bondad desinteresada, sino de una política que apunta a reforzar la seguridad nacional de dicha potencia.

La reciente visita de Samantha Power, directora de Usaid, agencia estadounidense de cooperación internacional para el desarrollo, denota la urgencia de desplegar con mayor celeridad estas inversiones. Su visita se dio inmediatamente después de la que hizo la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, para confirmar el aporte financiero, pero también con el fin de conocer iniciativas en comunidades rurales, entrevistarse con líderes sociales y con autoridades de gobierno.

En materia de política exterior nada sucede al azar, y la sucesión de visitas, previas y posteriores a la de la vicepresidenta Harris, confirman el acentuado interés que suscita la región, a causa de sus graves dificultades. Guatemala, específicamente, se perfila como el país que más fondos recibirá, según se deja entrever en el plan de presupuesto de EE. UU. para el 2022. Es notoria también la apuesta por canalizar recursos mediante organizaciones no gubernamentales, lo cual mereció un párrafo específico de Power en su reunión con el presidente Alejandro Giammattei. Es allí donde surgen los resquemores de grupos que intentan mantener al país en un relativo aislamiento para la prolongación de ciertas prácticas tendientes a proteger determinados privilegios o estratagemas de cooptación institucional.

Precisamente, y sin duda a raíz de lecciones recientes, el gobierno de Biden coloca el combate de la corrupción como una de las puntas de lanza complementarias a la ayuda comunitaria. Los primeros pasos de esta ofensiva ya han arrancado los primeros graznidos de corifeos dedicados a atacar, distorsionar y desgastar a toda persona o entidad que se posicione en favor de los reclamos de transparencia, exigencia de imparcialidad en la justicia y de cumplidos procesos en contra de malversadores, traficantes de influencias, negociantes de cargos y politiqueros financiados con recursos de dudoso origen.

Hablando precisamente de la secuencia táctica de sucesos, trascendió ayer la inclusión del diputado Boris España, del partido Todos, en la lista negra de corruptos, en la cual ya figura el fundador de esa agrupación y también diputado, Felipe Alejos. Se trata de una dura sanción, pues no solo se trata de retirarle la visa para ingresar en EE. UU., sino de la imposibilidad de acceder a entidades financieras que tengan relación con empresas o bancos de ese país. No queda lejos suponer que vienen más nombres en dicha nómina de la vergüenza y los casos mencionados son solo un augurio o una conminación para anticipar consecuencias de agendas aviesas que distan de buscar el bien común.

Por ejemplo, en el caso del propio Legislativo, existen asuntos urgentes, como la renovación de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, que han sido soslayados de manera casi dolosa. Los mismos integrantes de otros cuerpos colegiados electos por el actual oficialismo y adláteres —entre los cuales se encuentran partidos vinculados con narcofinanciamiento— deben ponerse a sopesar el rumbo de sus ejecutorias.