Estados Unidos
EDITORIAL
Justicia debe amparar elección limpia en Usac
La Usac es sostenida con el dinero de todos los guatemaltecos y, por lo tanto, no puede entenderse solo como un proceso interno.
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El 30 de marzo, en plena Semana Santa, una sala judicial suspendió el amparo a estudiantes que exigían la acreditación de todos los cuerpos electorales que participan en la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). El argumento de la sala es que “el hecho denunciado”, o sea, la exclusión de votantes, aún no había ocurrido. ¿Qué estarán esperando tales magistrados? ¿A que se consume un fraude similar al de 2022? Se supone que el recurso de amparo es precisamente para frenar abusos y transgresiones de agentes del Estado en detrimento de la ciudadanía. La convocatoria a tal votación está fijada para el miércoles 8 de abril, en un espacio privado que nada tiene que ver con la tricentenaria.
La Usac es sostenida con el dinero de todos los guatemaltecos y, por lo tanto, no puede entenderse solo como un proceso interno y menos como fuero especial como el que intenta el Consejo Superior Universitario (CSU) al excluir a cuerpos electorales opositores. Hasta el momento hay una decena de recursos de amparo, incluido el mencionado al inicio, que exigen, demandan y reclaman legítimamente la inscripción de todos los representantes estudiantiles, docentes y de colegios profesionales que ya han sido definidos en elecciones democráticas. Sin embargo, de los 34 cuerpos colegiados, solo ocho han sido acreditados por el CSU —afín al actual rector, Walter Mazariegos, que pretende una reelección con la misma treta de hace cuatro años—.
Es un contrasentido total, una arbitrariedad antidemocrática y un truco desfachatado el que las instancias de justicia están llamadas a anticipar. Si necesitan más argumentos, cabe señalar que el desacato del CSU y Mazariegos empezó hace un año, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la renovación de representantes, lo cual fue aplazado, por supuestos problemas en el padrón.
La secuencia de acciones, omisiones, amaños en reglamentos y hasta la acreditación prioritaria de aliados al continuismo delatan el intento. Es obvio que no puede haber una elección lícita con una base electoral incompleta. El escenario donde se pretende ejecutar este sainete, en un hotel de Antigua Guatemala, también refleja el secretismo malintencionado. Ningún magistrado decente —máxime si es egresado sancarlista— debería prestarse a esta estratagema lesiva.
Ya se dijo una vez en este mismo espacio que, si el señor rector Mazariegos considera haber hecho una buena gestión en sus cuatro años, que se someta sin miedo a la voluntad plena del electorado universitario. Impulsar lo contrario solo desnuda el interés de continuar detentando potestades, tal como lo hizo con su decisión de definir magistrados de la CC, que ya fueron oficializados por el Congreso, pero aún no toman posesión.
La legitimidad histórica de la Usac descansa precisamente en su capacidad de representar una diversidad de voces, muchas veces incómodas e incluso opuestas, pero que saben debatir y aceptar el disenso. El precepto constitucional de autonomía universitaria no es un permiso para el feudalismo ni para la arbitrariedad o la exclusión impune: es una responsabilidad frente a la sociedad que la financia y la necesita, pero la necesita como modelo de democracia, ética y pensamiento crítico. Sectores universitarios en riesgo de exclusión piden entonces ayuda a las instancias de justicia correspondientes, para que resuelven con lógica legal, no por fidelidades. La tardanza en resolver es un truco manido que en este caso no se aplica; al menos, no para los 10 amparos solicitados. La orden esperada es obvia: que el CSU registre a los cuerpos electorales definidos y se les permita emitir sufragio a todos en la votación para rector el 8 de abril.
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