Amenos de 12 semanas para el fin del actual período del Ejecutivo y el Legislativo, pero a mucho menos tiempo del final del último período de sesiones ordinarias en el hemiciclo, es posible atisbar que será recordado como uno de los congresos más retrógrados, displicentes y desafortunados con que ha contado el país, cuyo único paralelo comparable sea quizá el que tuvo mayoría del extinto Frente Republicano Guatemalteco, entre 2000 y 2004, el cual dejó lecciones lamentables que aún no son aprendidas por los políticos.

Los actuales diputados, 110 de los cuales deberán salir del hemiciclo a partir del 14 de enero, por no haber conseguido la reelección o por haberse postulado a otros cargos sin éxito, le quedarán a deber al pueblo de Guatemala. Y no nos referimos a comilonas de ceviche, a plazas clientelares o a abultados gastos en viajes, sino a una serie de leyes vitales para abrir posibilidades de avance nacional, en una coyuntura histórica, económica y social que requiere de innovación, inteligencia y visión de Estado, algo de lo cual se ha carecido , pues en lugar de priorizar el servicio a los electores, se han privilegiado intereses sectarios, criterios obtusos y miopía estratégica.

Es tal la desazón legislativa que recientemente se intentó sabotear la labor de las comisiones de postulación, que se encuentran en pausa legal debido a que deben esperar las evaluaciones del Consejo de la Carrera Judicial a jueces y magistrados que aspiren a integrar la nueva Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Elegir esas magistraturas era un ansiado botín que ahora se le va de las manos al pacto oficialista, entre cuyos integrantes hay numerosos congresistas con procesos de antejuicio y que en 82 días quedarán sin su actual inmunidad.

Es por ello que el tiempo legislativo se sigue dilapidando en pequeñas venganzas, como la ofensiva en contra de la Procuraduría de Derechos Humanos, audiencias de una comisión vetada por la Corte de Constitucionalidad pero relanzada bajo otro nombre, o en discusiones bizantinas que relegan leyes claves, largamente esperadas, sin importar que esto lesione la competitividad del país.

Reveladora fue la celeridad con la que se aprobó, el 24 de septiembre último, con 87 votos, la llamada ley ganadera, que otorga beneficios fiscales y exenciones a este sector, en el cual varios diputados poseen negocios y por lo tanto tenían conflicto de interés. El mayor golpe se lo lleva la recaudación fiscal. Esta norma, que no tuvo el aval técnico de la Superintendencia de Administración Tributaria, puede generar un agujero fiscal de Q9 mil millones.

Con tales criterios aviesos resulta difícil que los diputados agilicen decretos de beneficio nacional, tales como el acuerdo de comercio el Reino Unido, que está en el Congreso desde el 24 de septiembre y que no se ha priorizado a pesar que implica exportaciones por cientos de millones de quetzales y cuyo plazo termina el 31 de octubre. Por ello, de buena fe, pero con las debidas reservas, el 3 de agosto pasado, en este mismo espacio editorial, y bajo el título “Oportunidad única para el Congreso”, se planteó la posibilidad de discutir y aprobar leyes como Proguate, que da origen al Instituto Guatemalteco para la Competitividad, la Ley de Alumbrado Público, la Ley General de Infraestructura, la reconstrucción de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, una nueva Ley de Servicio Civil o las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones. En 82 días entrará una nueva legislatura que ojalá no adquiera los mismos vicios de la actual.