Estados Unidos
Editorial
La CC debe corregir desacato en la Usac
Ha sido, hasta ahora, la Corte de Constitucionalidad la responsable de no poner coto a tantas discrecionalidades lesivas.
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Mientras el “equipo” legal al servicio del dudoso rector Walter Mazariegos urdía alguna güizachada para tratar de justificar su aparente toma de posesión por un segundo cargo, otro grupo de seguidores se había encargado antes de evidenciar la plena conciencia de tal ilegalidad: sí, en las protestas orquestadas por empleados aduladores del mismo personaje —y cuya salida los pondría también de salida a ellos—, reclamaban que la falta de finiquito —por no rendir cuentas cabales del uso de recursos— era una “extorsión” de la Contraloría General de Cuentas, un evidente infundio pero cuyo uso denotaba conocimiento del veto latente que implicaba e implica tal carencia.
Tales distorsiones inmorales que rebotan muy, pero muy lejos del espíritu de las normas invocadas refleja el también dudoso talante ético del gran equipo de apólogos, pagados con recursos públicos no para defender, sino para adular al personaje cuestionado. Hablan de presunción de inocencia cuando, en realidad, el finiquito no es una sanción en sí misma, sino un registro de incumplimiento de requisitos auditables. Quien se queja de tal indicio como si fuera una condena, en realidad está admitiendo que hay algo más que ocultar y, por lo tanto, un motivo doloso para permanecer en el cargo. Así de evidente es su falacia ad misericordiam combinada con salida por la tangente.
En otras palabras, si el Consejo (incompleto) Superior Universitario se basó en tal “excusa” para dar posesión de un segundo término aún sujeto a múltiples objeciones legales, lo hizo sobre un razonamiento deficiente, enfocado en un solo aspecto que es, a la larga, la última de una serie de transgresiones. Y ha sido, hasta ahora, la Corte de Constitucionalidad la responsable de no poner coto a tantas discrecionalidades lesivas.
El finiquito no es una declaratoria de culpabilidad —como lo afirman las lumbreras, palabra que rima bien con rastreras—: es un requisito preventivo para asegurar la idoneidad y también la cuentadancia de recursos públicos, máxime si bajo la responsabilidad de tal persona se encuentran más de Q3 mil millones anuales de fondos aportados por los contribuyentes. En ese mismo sentido habría que preguntar a esas universidades privadas que recientemente apoyaban la participación de Walter Mazariegos en postuladoras si acaso los fiduciarios de tales instituciones lo contratarían como rector de sus respectivas casas de estudios.
¿Para qué pide la CC un informe a un juzgado que amparó a los opositores y suspendió la elección de Mazariegos, con cuatro horas de plazo, si luego deja pasar 24, 48, 72… 144 horas… y contando, para resolver lo conducente? Y se dice lo obvio porque, en 2025, el máximo tribunal “ordenó” la renovación de todo el Consejo Superior Universitario mediante la elección de representantes de cuerpos académicos y estudiantiles en dicho ente. Ante la inminente derrota, lo que hizo el mazarieguismo fue bloquear a los nuevos representantes opositores, irrespetando el “derecho de defensa” que ahora arguyen y que se torna en su contra.
Si los magistrados de la CC designados por la Usac llegaron con la misión de proteger a su patrocinador, con obvio conflicto de intereses, y no se inhiben de conocer los recursos legales, debería quedar suficiente entereza en los otros integrantes para que la votación dividida sea de 4 a 1, en favor de ordenar la repetición del proceso de elección de rector con un CSU renovado: porque eso fue lo ordenado por el máximo tribunal el 15 de febrero de 2025, una resolución que Mazariegos y todos sus adláteres desacataron y siguen desacatando, lo cual invalida todo lo actuado y pretextado.
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