El Registro de Ciudadanos oficializó la cancelación de 10 partidos políticos que fue definida y ordenada por la soberana voluntad de la ciudadanía, al no obtener el 5 por ciento de votos válidos ni ganar ninguna diputación. Hay un poco de todo entre los ahora defenestrados, desde el vetusto Partido de Avanzada Nacional, fundado en 1989 y que llevó a la presidencia a Álvaro Arzú (1946-2018), a partir de lo cual acusó un incesante deterioro, reyertas internas y salida de cuadros, algunos de los cuales se adhirieron a otros vehículos electorales. Su último secretario general fue el diputado Manuel Conde Orellana, presidenciable de la agrupación oficialista Vamos, lo cual solo demuestra que el PAN solo era un cascarón sin identidad.

Similar suerte corrieron otros nueve partidos, algunos de reciente creación. Varios de ellos fueron fundados por exfuncionarios, exdiputados y hasta por exasesores de campaña de los últimos cuatro gobiernos. Enarbolaron discursos acomodaticios, algunos perfilaron a candidatos que eran ilustres desconocidos o también verdaderos innombrables con piel de oveja que querían pasar por estadistas. Sin embargo, sus acciones, omisiones y gestiones opacas les pasaron factura, prueba de que todavía queda mucha memoria, dignidad y consciencia en el electorado.

Fracaso, derrota y rechazo: eso significa la eliminación por falta de sufragios aplicada a los partidos Podemos, Humanista, Movimiento para la Liberación de los Pueblos, Unión Republicana, Partido Popular Guatemalteco, Partido Republicano, Mi Familia, Poder y Partido de Integración Nacional. La abyecta despedida de algunos de ellos, como Humanista, fue sumarse a pedir la inviable anulación de los comicios. Vaya colofón.

En repetidas ocasiones se ha señalado la laxitud de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), pero se trata de una característica que las propias bancadas legislativas han prolongado, pues les sirve para fabricar nuevos vehículos electorales, a menudo con el uso de recursos públicos y también de oscuros fondos provenientes de mafias que buscan infiltrarse en el Estado. Baste recordar el caso de la Unión del Cambio Nacional, suprimida por financiamiento ilícito y cuyo fundador sigue preso en Estados Unidos, purgando prisión por narcotráfico. Varios de sus diputados se reeligieron con el oficialismo saliente y algunos integran la bancada de Vamos con 39 escaños. Así pasó con otros partidos hoy extintos.

En todo caso, es preciso que la nueva legislatura prosiga con las reformas de la Lepp, pero no en corros politiqueros, sino con total atención a la ciudadanía, la academia y centros de investigación, para hacer imperativa la rendición de cuentas del financiamiento, modernizar los procesos de nominación de candidatos, incrementar paulatinamente la base de integrantes para fundar un partido y auditar en tiempo real la existencia y anuencia de tales personas.

Finalmente, los partidos, dirigentes e integrantes de la nueva legislatura deben dejarse de pantomimas, extremismos, chantajes o saboteos. Ya pasó la campaña electoral y lo importante es el debate de altura sobre las necesidades nacionales de educación, salud, economía e infraestructura. En el 2004, 24 partidos firmaron una Agenda Nacional Compartida, pero solo para la foto, porque luego se hicieron los locos y cada quien jaló por su lado. Hoy no existe ninguno de esos partidos. El último sobreviviente era el PAN y sus sucesivas fallas lo condenaron a la depuración.