El resultado del proceso electoral de 2015 estaba lleno de grandes expectativas sobre las autoridades electas; el devenir de casi tres años y medio le ha puesto el dramático rostro de la realidad a una esperanza masiva que se fue deteriorando en la medida que se concretaron las acciones que trastocaron la esperanzas: una reforma electoral mediocre en 2016, un pacto de impunidad en 2017 cuyos efectos se extendieron hasta 2018 y una agenda improductiva en lo que va de este año.

Las lecciones han sido duras para la ciudadanía en tanto ha tenido que presenciar el pavoneo de diputados tránsfugas, el desecho oficioso de solicitudes de retiro de inmunidad, pese a indicios elocuentes, y la ineficiencia rayana en el dolo de programas de atención vital relacionados con la desnutrición o la atención a víctimas de la sequía.

A poco más de dos semanas del final de la etapa de propaganda electoral, las ofertas de la mayoría de candidatos parecen calcadas de elecciones pasadas y, más lamentable aún, hay numerosos aspirantes a diputaciones por listado nacional o distrital cuya trayectoria es un enigma, cuyas propuestas son retratos sonrientes en las calles o bien se trata de camaleones políticos que se escabulleron de un partido a otro, a pesar del rechazo generalizado y justificado hacia los que traicionan a sus electores a cambio de continuar con sus privilegios.

En este punto es vital la función rectora del Registro de Ciudadanos y del Tribunal Supremo Electoral, que tienen la honda obligación de velar por la idoneidad de los candidatos, lo cual va mucho más allá del cumplimiento de legalismos. Señalamientos de delitos, procesos de antejuicio pendientes y transfuguismo reincidente deberían ser causales políticas para excluir a determinados aspirantes legislativos y ediles. De hecho, para ayer 28 de mayo había anunciado el TSE sus resoluciones referentes a más de cien impugnaciones contra candidatos, las cuales han sido demoradas a causa de la resistencia pasiva de ciertos magistrados.

Las resoluciones no se dieron y el tiempo electoral continúa su paso inexorable. No obstante, los magistrados del TSE aún tienen la posibilidad de evaluar casos, incluso después de que se ordene la impresión de papeletas y se produzca la elección, aunque esta opción podría llegar a ser un foco adicional de conflictividad. También puede ocurrir que dejen correr ya sin ninguna acción todas las candidaturas señaladas, pero ello constituiría prácticamente una omisión de sus deberes éticos.

Desafortunadamente este tipo de inacción da pie a un relativismo legal que fomenta la impunidad y daña el tejido democrático, tal como sucedió ayer con el tácito aval que dio la Comisión Presidencial de Diálogo, al dar validez al reclamo de un pago por Q85 mil a un grupo de supuestos exmilitares cuya nómina no tiene un aval oficial y cuya moneda de cambio fue haber amenazado con impedir las elecciones. Proclamar que se depone una medida que atenta contra el sistema constitucional no anula la acción extorsiva previa, sobre todo si se avizora un beneficio económico a causa de la misma; al contrario, crea un pésimo precedente, sin que hasta ahora ninguna autoridad denuncie ni se vean resultados de la investigación de oficio que anunció días atrás el MP, que tiene la responsabilidad de promover la persecución penal y dirigir la investigación de los delitos de acción pública.