Editorial

La institucionalidad sobre cualquier pacto

Si bien la crisis venezolana despierta preocupación en varios sectores, se debe recordar que ese es el desenlace de una cadena de abusos e irrespeto a las instituciones, para lo cual transcurrieron varios años y un manipuleo de los mismos contratos sociales con el fin de consolidar a un Estado mafioso, bajo el signo de una larga tiranía que llevó al país a la quiebra total.

Esta penúltima etapa, sin embargo, recorrió escenarios que a todos nos son familiares. Uno de ellos es el desencanto de la población con la política tradicional, lo que abrió las puertas a líderes mesiánicos, ególatras, que mareados por el poder hicieron añicos a uno de los países más ricos de Latinoamérica hasta llevarlo a una situación insostenible para internos y foráneos, que ahora reclaman el fin de la tiranía.

Lo que sucede en Venezuela no debe pasar inadvertido para los guatemaltecos, porque ninguna tiranía surge de la noche a la mañana, sino luego de largos procesos de deterioro institucional, de aprovechamiento de los puestos de poder, de colusión entre sectores criminales con funcionarios y capitales emergentes, hasta consolidar un sistema reacio al más elemental ejercicio de la democracia.

Basta ver algunos pasos por donde transcurrió esa tiranía y otras, para ver el peligroso y preocupante rumbo por el que se desliza Guatemala. Todo empieza por la colocación de cuadros sumisos en importantes instituciones, hasta ponerlas al servicio de intereses oscuros, pasando por el desmantelamiento de importantes entidades.

A ello se suma un mayor endeudamiento, el cual va acompañado de un deterioro de las mayorías, pasando por inversiones públicas extremadamente politizadas y un uso clientelar del Estado, para mantener una burocracia innecesaria pero útil en momentos de crisis o la concesión de contratos millonarios a personas cercanas a los gobernantes o al partido de gobierno y una creciente incursión en el sistema de narcopolíticos.

Dos hechos marcan la etapa final de esos regímenes: una generalizada corrupción, la cual incluso se documenta por entidades internacionales y más específicamente por agencias calificadoras de riesgo, y el afán por restringir la labor de los medios de comunicación independientes, a los que se busca desaparecer, con la limitación a materias primas, por los manotazos gubernamentales, como han hecho Nicolás Maduro y Daniel Ortega, y en otros casos por la asfixia económica.

Guatemala reúne muchas de las características de los regímenes tiránicos, irrespetuosos del estado de Derecho, lo que hace mucho más vulnerable la gobernabilidad. Amenaza que se ve agravada cuando la lucha contra la corrupción no cede terreno y pone en jaque a los más rancios representantes de la vieja política, quienes se obstinan en impulsar un modelo condenado al fracaso.

Ese tufo a putrefacción, al cual se refirió Mario Vargas Llosa para describir la crisis venezolana, también ronda en nuestro medio, como se constata con el irrespeto al sistema de justicia, el afán por violentar la Constitución, lo que supone un riesgo insoslayable para quienes han respaldado los esfuerzos por combatir la corrupción en Guatemala. Una tarea en la que también debe involucrarse de manera decidida la comunidad internacional, antes de que los aprendices de dictador den pasos más osados y pongan en un riesgo innecesario a sus críticos.