Nobleza, generosidad, servicio, empatía, caridad y desprendimiento son sustantivos abstractos que se materializan muy concretamente en iniciativas de personas, grupos, instituciones y empresas que efectúan aportes centrados en ayudar a enfrentar el acuciante momento que vive Guatemala y el mundo a causa de la expansión impredecible del coronavirus. Tales acciones tienen lugar en un ejercicio de libertad, entendida esta como una facultad para optar por el bien común, para favorecer los derechos de toda una comunidad y para contribuir desde las propias posibilidades con sinceridad, altruismo y espíritu nacionalista, aunque también es necesario resaltar que existen varios países y compañías internacionales que ya han efectuado aportes al sistema de Salud del país.

A menudo los ejemplos más inspiradores de bondad provienen de actos prácticamente anónimos, que son efectuados por personas con nombre y apellido, pero que no buscan la notoriedad. Jóvenes que elaboran emparedados para repartirlos a pilotos de transporte pesado, grupos de jóvenes que reúnen víveres e insumos para entregarlos a asilos de ancianos, ciudadanos que se compadecen de los animales y alimentan a las palomas del parque o a los perros abandonados son algunos ejemplos de estas iniciativas totalmente libres.

Así también es un dignísimo acto de libertad el que ejecutan decenas de médicos y enfermeras en la atención de pacientes: su profesión los obliga y se desempeñan en una plaza remunerada, pero es evidente que su servicio va mucho más allá de un ingreso, de un horario o de una compensación proporcional. Se trata de un verdadero apostolado, de una misión sagrada en favor del prójimo.

Por todo lo anterior resulta vital que cada habitante haga un correcto uso de su libertad y siga las directrices emanadas de las autoridades en estos tiempos de emergencia. Resulta penoso que más de 900 guatemaltecos hayan sido detenidos en el primer día de toque de queda, pues hasta alegar ignorancia es una irresponsabilidad. A su vez, el número de infractores llevó a un hacinamiento en las carceletas de Tribunales, que ojalá no resulte contraproducente en las circunstancias epidémicas actuales. Las fuerzas de seguridad tienen la obligación legal de conducir ante juez competente a toda persona que no respete las horas de veda: una limitación necesaria en favor del derecho a la salud que se encuentra amenazado.

De hecho, la tarea de la Policía es tan obvia y lógica que resultaba inverosímil la excusa esgrimida por un diputado de San Marcos que se desplazaba en Quetzaltenango en un vehículo utilitario todoterreno -no necesariamente apto para el desplazamiento urbano en la actual circunstancia-, después de las 16 horas del domingo, junto a un acompañante. Al ser detenido por los agentes argumentó que se encontraba “fiscalizando” el cumplimiento del toque de queda. Se señaló inicialmente que estaba bajo efectos de licor, aunque tal extremo fue desmentido poco después por la propia PNC.

Si bien el propio diputado arguyó que la orden del toque de queda no abarcaba a los diputados, la ciudadanía tuvo una opinión distinta, no con base en legalismos sino en el modelo de conducta que deben ejemplificar sus representantes. Quizá el hecho solo se convierta en una anécdota chusca, pero realmente entraña un mensaje sobre la importancia de la responsabilidad personal, del ejemplo de los representantes ciudadanos y su impacto en la salubridad.