Finalmente, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado en el que dice estar “profundamente preocupado por la enmienda a la Ley de Reconciliación Nacional” impulsada por un grupo de diputados defensores o ligados a militares, algunos de los cuales incluso están prófugos de la justicia y son parte del grupo que llevó a la presidencia a Jimmy Morales.

El gobierno estadounidense, sus estrategas y diplomáticos con cualquier nivel de experiencia deben entender que esa iniciativa es un paso más que el llamado pacto de corruptos impulsa en favor de quienes desde hace décadas han gobernado a la sombra del poder, pues tal reforma otorgaría una total amnistía a quienes sean responsables de serias violaciones y abusos a los derechos humanos.

Los pasos en favor de la corrupción y la impunidad se han acelerado durante los últimos meses, y Estados Unidos también parece estar en una actitud vigilante, al extremo de que congresistas de ambos partidos han demandado a la Casa Blanca pronunciarse enérgicamente ante el gobierno guatemalteco por su abierto desafío a resoluciones del máximo órgano constitucional.

Los cabildeos, la indolencia y el manoseo de la diplomacia estadounidense ha causado demasiado daño en Guatemala, porque la indiferencia y los prolongados silencios del Departamento de Estado sobre actitudes intolerables de los gobernantes guatemaltecos han puesto en serio riesgo la institucionalidad y a quienes critican el desmantelamiento de importantes entidades, como es el caso de la Policía Nacional Civil.

Es urgente que la burocracia de Washington entienda que no está lidiando con políticos novatos, pues el mismo presidente Morales ha sido instrumentalizado por poderosos sectores, la vieja guardia de la política y una estructura ligada a los más grandes casos de corrupción que ha controlado a los gobernantes en las últimas décadas.

Por ello la atención debe ir más allá de la lucha contra la corrupción, pues los mismos informes de Estados Unidos ratifican que los esfuerzos de Guatemala son insuficientes para detener la actividad criminal de narcotraficantes, cuyos principales operadores copiaron el modelo colombiano de décadas anteriores de involucrarse directamente en la política, para coincidir con intereses de otros poderosos sectores.

No es solo una ley, como la de reconciliación, la que debería preocupar a Estados Unidos. La afrenta de colocar los jeeps artillados donados por ese gobierno frente a su sede diplomática debió ser una de las mayores acciones de alarma para sopesar el desafío que enfrentan en Guatemala.

Los temores por lo que ocurre ha llegado ahora a jueces independientes que se sienten amenazados ante la presencia de un nuevo jefe de seguridad, cercano a Jimmy Morales, que ha tomado el control de cualquier movimiento en el Organismo Judicial, tal y como ha ocurrido en Venezuela y en Nicaragua, donde todas las instituciones están al servicio de los tiranos.

Estados Unidos debe poner más atención a las serias y múltiples amenazas que se ciernen sobre Guatemala, porque puede incluso enfrentar un nuevo desafío para detener el avance de una ley en favor de la impunidad, ante la integración de una alianza en la cual convergen poderosos sectores, incluso los relacionados con el crimen transnacional.