Estados Unidos
EDITORIAL
La ruta del dinero es la vía para atajar mafias
Las desviaciones legaloides esgrimidas por varios congresistas no se pueden permitir.
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En una reciente actividad proselitista partidaria de provincia —no vamos a decir lugares o nombres de partidos para no herir farisaicas susceptibilidades— se pudo observar a personas exhibiendo de manera ostentosa pistolas automáticas y fusiles de alto calibre, posando sin el menor recato para las fotos. ¿Qué seguridad podrán ofrecer potenciales figuras presidenciables que reclutan tales apoyos locales? Pero no es la primera vez que se observan tales exhibiciones de poder de fuego, que más parecen una velada intimidación contra votantes y opositores y que abren preguntas sobre los nexos, los objetivos reales e incluso los financiamientos de los personajes que promueven tales séquitos.
En efecto, el asedio y penetración de mafias en alcaldías, estructuras partidarias y redes políticas locales constituye uno de los síntomas más preocupantes pero cada vez más frecuentes en el entorno electoral guatemalteco. El financiamiento ilícito de campañas, los sobornos —o las amenazas— a autoridades, la compra de operadores judiciales y el patronazgo criminal de economías rurales erosionan la gobernabilidad, amenazan la productividad y comprometen la competitividad: no solo de pueblos o regiones, sino del país.
El problema es colosal, tal como exhibe el reciente informe de Fundesa Armas, drogas y efectivo, según el cual la región centroamericana —y, por ende, Guatemala— pasó de ser un puente de trasiegos a una plataforma multicriminal organizada. El tráfico de estupefacientes y precursores, el descontrol de armas, la trata de personas, el contrabando y, sobre todo, el lavado de dinero forman parte de una misma operación en la cual politiqueros venales sirven de rodos para la procura de indemnidades en beneficio del actuar de tales grupos.
Fronteras, pasos ciegos, rutas clandestinas —terrestres y acuáticas— son vulnerabilidades, pero sin duda el mayor agujero negro está en las subrepticias complicidades de funcionarios elegidos. Solo así se explica la tozuda oposición de ciertos congresistas a aprobar una sólida Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, tal como lo solicitan la ciudadanía, sectores académicos, empresariales, sociales e institucionales, a nivel nacional e internacional. Pero no hay lugar para pifias y peor aún para sabotajes, sobre todo, porque cortar la ruta del dinero sucio es la más rápida y eficaz vía para atajar mafias.
Las desviaciones legaloides esgrimidas por varios congresistas no se pueden permitir, porque sería entregar la institucionalidad a más abusos e impunidades, que bastante daño han hecho y siguen haciendo al desarrollo del país. Ya se tienen precedentes de extradiciones, confesiones y condenas de narcopresidenciables, narcoalcaldes, narcodiputados, que pasaron largo tiempo con peroratas grasosas y demagógicas, así como gozando de antejuicios antes de que se exhibiera su traición abyecta.
El peligro sobre Guatemala es grande, porque cuando una estructura mafiosa influye a través de financiamientos o cohechos sobre un alcalde, un diputado o en una autoridad de seguridad local, no solo obtiene protección: obtiene acceso a contratos, permisos, información estratégica, obras públicas, control comunitario y capacidad de intimidación institucional. Así lo advierte el informe, que destaca cómo sucesivas inacciones desde hace tres lustros permitieron la proliferación de estructuras criminales que intentan blanquear recursos ilícitos a través de múltiples actividades y negocios de cartón, que actualmente están fuera de los monitoreos antilavado, pero pronto no lo estarán.
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